El exsecretario general de la Cancillería asegura que, por haber sido condenado, el ministro encargado no puede ejercer el cargo
Este miércoles 28 de febrero, José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, le respondió en una declaración a medios de comunicación al canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien aseguró que no tenía las facultades para tomar la decisión de adjudicar el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
Salazar inició asegurando que como funcionario público podía entregar el cargo en un término de diez días, pero denunció que está siendo “completamente asediado”.
“No tuve ningún inconveniente en decirle a la doctora Paola, que fue nombrada en mi reemplazo, que no voy a hacer uso de ese término. Procedí a hacerle entrega, un poco precipitada, de las funciones que tenía en la oficina”,manifestó.
Además, informó que, contrario a lo que quería, no pudo hablar con el presidente Gustavo Petro sobre la adjudicación del contrato.
“No he podido hablar con el señor presidente porque, como ustedes saben, se produjo el acto de declaratoria de insubsistencia el día lunes en la tarde. Se produjo primero por Twitter (X) y después lo materializaron. Yo ya no soy funcionario público”, agregó.
Luego se fue lanza en ristre contra Luis Gilberto Murillo, canciller encargado que, a través de sus declaraciones lo desautorizó, asegurando que no tenía competencias para revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación, expedido por su superior jerárquico de ese entonces, el canciller Álvaro Leyva.
“El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de Minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, indicó.
Y continuó su fuerte señalamiento: “El doctor Luis Gilberto Murillo –nunca he querido acudir a esto– fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de Minas”.
Salazar ratificó que tenía la potestad de adjudicar el contrato de pasaportes. Explicó que desde el principio, Álvaro Leyva le entregó la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El ministro Leyva reasumió parte de esa función que me había delegado. Al reasumirlo, prosiguió a declarar desierta la licitación y declarar la urgencia manifiesta”, explicó Salazar.
Murillo, posteriormente, le otorgó las funciones de representación legal a Salazar, las cuales, según cuenta, le dieron la potestad para adjudicar el contrato: “No solo las restableció, las aumentó”.
Incluso, contrario a lo que dijo el ministro en su declaración, Salazar aseguró que en ningún momento fue notificado sobre su salida.
“El 22 de febrero yo tuve una charla con el ministro Murillo. Él nunca me dijo que me iban a retirar del cargo. Y si así fuera, esas decisiones la administración pública las debe tomar por escrito. Tanto, que no me lo dijo que esa fecha que no me echó, el 22 de febrero, es la misma que lleva esta resolución que expidió. ¿Cómo puede explicarse semejante incongruencia?”, indicó.
Finalmente, Salazar aseguró que tiene miedo desde que se conoció la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons.
“Tengo mucho miedo. Por primera vez yo siento miedo. Lo que intento buscar por aquí es algo con lo que quería iniciar mi intervención, que es la oración de San Francisco”, indicó.
Y siguió después de leer la oración de un papel que escribió con su puño y letra: “Tengo serios y fundados temores que a ustedes como medios de comunicación no les deben ser extraños. Recibí una información en el sentido de que están tratando de difundir que yo no actúo solo”.
Redacción. R.S.
