La Fiscalía ha dicho que las diligencias de interrogatorio tienen dos propósitos, avanzar a las investigaciones y ofrecer una primera posibilidad de defensa para los procesados. En el caso de las interceptaciones se esperaba obtener información de los principales protagonistas, los policías comprometidos con las “chuzadas”, sin embargo, cerraron filas y se negaron a entregar declaraciones a la Fiscalía.
Los uniformados fueron citados al búnker de la Fiscalía para diligencias de interrogatorio con el ánimo de escuchar, de su propia voz, cómo se obtuvo la información que consignaron en la solicitud de interceptación a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola, las dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno Nacional. Los policías se acogieron al derecho a guardar silencio, como estrategia de defensa.
El ente acusador esperaba conocer en detalle y del dicho de los policías, quién dió la orden de incluir, en ese reporte falso, los datos de Marelbys y Fabiola. Se trató de un informe que convirtió a las dos exempleadas en presuntas integrantes del Clan de Golfo y que eran conocidas con los alias de La Madrina y La Cocinera.
Según el reporte de los investigadores, las dos mujeres eran responsables de recaudar información de inteligencia para un cabecilla de la organización criminal, alias Siopas, encargado del Clan del Golfo en el pacífico colombiano. Todo quedó consignado en la solicitud de interceptación que hizo un patrullero de la Dijin a la Fiscalía.
Todos los detalles de esa interceptación se hubiesen conocido con las declaraciones de los patrulleros, sin embargo, no fue posible debido a su negativa a declarar en el ente acusador. La defensa del patrullero, que firmó la solicitud de interceptación, aseguró que las condiciones que expone la Fiscalía para los interrogatorios no se enmarcan en las garantías del debido proceso, incluso se hacen una pregunta.
“Por qué Fiscalía no se pregunta, por ejemplo, porque el fiscal que tuvo en su despacho la solicitud de interceptación, mantuvo activo el procedimiento por otros siete días, después de que el patrullero le informó que no era necesario, pues las primeras verificaciones no arrojaron nada”, aseguró el abogado Miguel Ángel de Río, defensor del patrullero.
Para el defensor es claro que no existe, de parte de la Fiscalía, un ánimo de preservar los derechos de los procesados, incluso solo se trata de un intento por sumar evidencia para procesar a su cliente. Advierte el abogado del Río que están atentos a acudir cuando los fiscales convoquen, pero en las condiciones propias y en el marco del debido proceso.
Más interrogatorios
En el marco de la investigación por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola, la Fiscalía hizo una compulsa de copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción y en ese impulso fueron citados a diligencias de interrogatorio tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores.
“En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, el pasado 1 de junio compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción por las presuntas irregularidades que se advirtieron en el trámite y realización de interceptaciones de comunicaciones relacionadas en el caso de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”, dijo la Fiscalía.
También, lo anunció la vicefiscal Marta Mancera, fueron citados a interrogatorio, la exjefe de Gabinete del Gobierno Nacional y a declaración, al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Los dos con el objetivo de conocer, por un lado, los detalles de las chuzadas y por el otro las denuncias que se advirtieron por redes sociales.
Tomado R.S.
