Abelardo de la Espriella asegura que hay 34 dirigentes políticos salpicados por una supuesta compra de votos a favor del aspirante del Pacto Histórico.
Iván Cepeda, el candidato del continuismo del Gobierno de Gustavo Petro, resultó apoyado por decenas de políticos cuestionados, con investigaciones a cuestas y señalamientos por pertenecer a clanes políticos, según la denuncia de Abelardo de la Espriella, con quien compite por la Casa de Nariño. De la Espriella hizo acusaciones por presunta compra de votos.
De cara a la segunda vuelta, esos respaldos se afianzan y hasta han protagonizado férreas defensas del candidato en medio de las sesiones en el Congreso.
Detrás de la movida por los votos en el Caribe está la familia Caicedo, que a través del movimiento Fuerza Ciudadana ha gobernado parte de la región. Contra Carlos Caicedo hay denuncias por presunto acoso sexual y la Fiscalía pidió condenarlo por irregularidades en un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas cuando era alcalde de Santa Marta (2012-2015).
Antonio Correa se la jugó por la campaña de Cepeda. El senador del Partido de la U fue cercano a Enilce del Rosario López Romero, alias la Gata, la empresaria de juegos de apuestas vinculada con paramilitares. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme, en 2025, una investigación en su contra en la que se le acusó de pedir coimas por contratos en los municipios del Peñón, en Bolívar, y Santa Cruz de Lorica, en Córdoba.
El empresario Euclides Torres ha estado detrás de las campañas del Pacto Histórico. En 2022 fue uno de los principales financiadores de Gustavo Petro y sus nexos con el partido permanecen a través de figuras como el senador Pedro Flórez, quien fue el congresista más votado de esa colectividad y ha reconocido su conexión con ese clan político y empresarial. Allá en la costa también está el representante Agmeth Escaf, suspendido por la Procuraduría por los comentarios contra De la Espriella, a quien calificó como “perra” de Estados Unidos.
En el listado publicado por el candidato presidencial también se menciona al excongresista Eduardo Pulgar. Según el abogado, estaría implicado en la presunta compra de votos. Pulgar fue condenado por intentar sobornar a un juez.
Salpicados por la UNGRD
Entre los mencionados por De la Espriella también está el clan Calle. Una de las figuras de esa familia es Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, capturado en mayo de 2025 por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Calle no pudo terminar su periodo legislativo y pasa sus días en La Picota. Incluso, la Corte Suprema de Justicia le negó una solicitud de libertad por vencimiento de términos que intentó tramitar en abril de este año. Su papá, Gabriel Calle Demoya, es el alcalde de Montelíbano y en 2025 fue investigado por presunta participación indebida en política.
En los cuestionados del Congreso hay algunos nombres de partidos tradicionales que han mantenido su respaldo a la bancada del Pacto Histórico sin importar las posturas que han tomado las colectividades a las que pertenecen. Una de las mencionadas es la antioqueña María Eugenia Lopera, quien como representante a la Cámara fue clave en el trámite de las reformas laboral y de la salud de la administración de Petro en la Comisión Séptima de esa corporación y ha sido una de las defensoras del presidente en la Comisión de Acusación.
Ahora Lopera es senadora electa y una de las más votadas de los liberales, con más de 126.000 sufragios que se depositaron en las urnas a favor de ella. Lopera también fue mencionada en el caso de la UNGRD, y la Corte Suprema de Justicia estudió material en el que se la veía ingresar al Ministerio de Hacienda para reuniones con Ricardo Bonilla.
Las polémicas de Lopera no comenzaron por el caso de la UNGRD. La legisladora es la heredera política del excongresista Julián Bedoya, el liberal señalado de comprar un título falso de abogado con el que estuvo haciendo carrera pública. Bedoya también aparece en el listado difundido por el candidato de Defensores de la Patria, y el proceso en su contra por esa posible irregularidad prescribe en julio de este año. En Antioquia causó polémica por convocar a un evento político previo a la campaña de las elecciones regionales de 2023 en el que regaló tabletas a los asistentes.
También está el caso de Carlos Andrés Trujillo, el conservador salpicado en el caso de la UNGRD. Trujillo es el cacique político de Itagüí y, aunque sus bases están en ese municipio, en 2022 causó polémica porque aparecieron carteles de campaña suyos en rancherías de La Guajira. Es más, Trujillo es cercano a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien ya se declaró culpable por ese caso de corrupción.
Y, si se trata del escándalo de corrupción en esa Unidad, en el catálogo de mencionados también está la senadora Martha Peralta, investigada por presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de maquinaria amarilla que se destinaría al municipio de Riohacha, en La Guajira, el territorio que ella representa en el Legislativo y cuyos recursos fueron saqueados.
Poderosos de las regiones
Otros dos nombres polémicos son el de Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, defensora de la paz total con las bandas urbanas que delinquen en Antioquia. Zuleta estuvo visitando a los cabecillas de los combos delincuenciales en la cárcel de Itagüí y fue gestora del tarimazo que ellos hicieron en La Alpujarra junto con Petro. Según la campaña de De la Espriella, también estaría vinculada a presuntos delitos electorales.
Es más, en la denuncia se menciona a toda la “mesa de paz” de la cárcel de Itagüí, integrada por los mismos criminales a los que Petro pretendió levantarles la orden de captura, pese a que ya estaban condenados. Sumado a estos, en el documento entregado por la campaña se habla de “Pinturita”, el apodo con el que se ha conocido al exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero.
También está Juan Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, quien renunció después de la primera vuelta presidencial para hacer campaña por Cepeda luego de completar casi dos años prometiendo y entregando tierras a los campesinos. Otra mencionada es Patricia Caicedo, quien también trabajó en esa entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
Ahora Harman visita territorios, los mismos donde hizo presencia como director de esa agencia, pero para promover al candidato del continuismo, como pasó en Buenaventura. El exfuncionario también fue sancionado por la Procuraduría por su administración en la Alcaldía de Villavicencio.
En el catálogo de mencionados por De la Espriella aparecen otras figuras como Mario Fernández Alcocer, Musa Besaile, Fernando Niño o Rafael Martínez, contra quienes también han existido procesos ante la Justicia.
