Se cumple un mes de la reanudación de las sesiones en el Congreso y la discusión de las ‘reformas sociales’ del presidente Gustavo Petro sigue en un punto de estancamiento. En el estreno de la legislatura extendida (los congresistas regresaron al Capitolio el 16 de febrero y no el 16 de marzo), el balance no es bueno para el Gobierno.
La reforma pensional no ha superado en la plenaria de Senado la etapa de impedimentos, y se radicó una ponencia de reforma de la salud con contadas voces de apoyo. Y para no gastar capital político, desde el mismo Pacto se pidió no tramitar, por ahora, la laboral. Mientras que la de educación podría hundirse por vencimiento.
En este escenario, el Gobierno mira cómo moverse en el futuro cercano –a través de la estrategia de seducir a parlamentarios de los partidos críticos de sus proyectos– y pone en la agenda las elecciones presidenciales de 2026.
“En lo que hay que profundizar es en el próximo gobierno, porque en 2026 tenemos que volver a ganar”, aseguró el jefe de Estado en la tarde del jueves. “Ayer decían: ‘fuera Petro’. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”, agregó.
Fue, además, una respuesta a la oposición, que el día anterior sacó a miles de personas a las calles a rechazar su gestión. Aunque las marchas, en 30 ciudades, tuvieron diferentes actores políticos, los líderes de los partidos de oposición, el Centro Democrático (CD) y Cambio Radical (CR), también aprovecharon para hablar del 2026.
María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, del uribismo, se declararon victoriosas por la acogida y reiteraron la necesidad de cambio, mientras que Germán Vargas Lleras (CR) pidió actuar con prontitud. “Quién sabe si para el año 2026 todavía exista democracia, aún tengamos instituciones y, yo me temería, Estado de derecho”, dijo.
El expresidente Álvaro Uribe, en la Convención del CD, también señaló ayer: “Las angustias de muchos colombianos han anticipado las presidenciales. Y también el afán del Gobierno. No ha cumplido dos años y ya se habla a toda hora es de quién va a ganar en el 2026. El Gobierno instiga, dice que las tiene que ganar; por favor, también surgen muchas candidaturas de varias partes”.
Es atípico que un gobierno que apenas lleva un año y siete meses ponga sobre la mesa el tema de la próxima campaña presidencial. Incluso para un político como Petro, que si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que se siente cómodo agitando a las masas, desde la tarima o desde su cuenta de X. “Petro debe pensar si es Presidente o activista”, dice al respecto el presidente del Congreso, Iván Name.
“El Gobierno cerró el 2023 con la situación de bloqueo político y estancamiento económico”, apunta Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional. “Para salir del atolladero, necesitaba un ‘salto estratégico’ que le permitiera un cambio de agenda política. Entrar en modo campaña electoral es el mecanismo más eficiente y menos traumático para pasar de la agenda de las reformas prometidas a la agenda de las promesas en el futuro. Allí donde los activistas son más productivos que los técnicos”, añade.
Desde las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre, cuando sus opositores se mostraron triunfantes, el Presidente ha mencionado en varias ocasiones las del 2026. “Parece un escape hacia adelante”, dice Fabio Zambrano, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri ). El docente de la Universidad Nacional agrega que “los ciudadanos ven el crecimiento de problemas muy graves como la inseguridad, con bandas criminales cada vez más organizadas. Como discusión, hablar del 2026 tendrá eco, pero la gente espera es respuestas a los problemas de hoy”
El Presidente empezó a mover desde el año pasado el discurso de que las medidas que según su criterio necesita el país están bloqueadas porque hay funcionarios de pasadas administraciones (los llamó ‘uribistas’) enquistados en su gobierno; o porque hay fuerzas en el Congreso que se oponen al cambio o por personas que salen a las calles a marchar “para defender sus privilegios”.
Lo cual para nada significa que el Gobierno haya dejado de moverse en los pasillos del Congreso para ganar apoyo en una negociación al menudeo. La representante Jennifer Pedraza lo resumió así en una diálogo con EL TIEMPO: “La estrategia del Gobierno ha sido la misma que han tenido los gobiernos anteriores, la de tener la participación incluso de partidos contrarios, antes que priorizar una conversación con los sectores con los que hay una mayor afinidad ideológica. Prefieren las conversaciones en las que pueden, a partir de la distribución de ‘mermelada’, conseguir votos para sus reformas”.
Transfuguismo y activismo
El hecho hoy es que las reformas no avanzan al ritmo esperado por Palacio. La radicación esta semana de la ponencia de la reforma de la salud solo llevaba cuatro firmas de la Comisión VII del Senado. Para ser aprobada en tercer debate, necesita mínimo ocho de los 14 votos de esa célula congresional.
En este contexto, el Gobierno tomó dos caminos con el objetivo de tener una fuerza más cohesionada. De un lado, posesionó a incondicionales en cargos claves sin importar las críticas de quienes los ven más como operadores políticos que técnicos: Alexánder López en Planeación Nacional y Gustavo Bolívar, quien se define como un “petrista purasangre”, en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Además, el exconcejal Carlos Carrillo tomará la dirección en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Reemplaza a Olmedo López, que se cayó por el escándalo de las irregularidades en la millonaria compra de carrotanques para La Guajira que denunció EL TIEMPO. Este organismo es epicentro de un cúmulo de hechos de corrupción, un delito que Petro prometió en campaña combatir sin tregua.
Son tres instituciones del Estado que ahora tienen en común, además del perfil más político de sus jefes, el manejo de billonarios presupuestos y subsidios que constituyen una poderosa herramienta para ganar adeptos.
En las primeras de cambio, la nueva guardia pretoriana mostró un endurecimiento de su discurso. El nuevo director del DPS llamó al concejal de oposición de Bogotá Daniel Briceño “basura de ser humano”, por lo que ahora debe enfrentar una denuncia ante la Procuraduría.
“A nosotros nos están cuestionando porque producimos cambios y los cambios tienen que ser de todo orden en Colombia. ¿Por qué tenemos que aceptar o por qué nos tienen que imponer que una entidad como el DNP tenga un economista? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿Cuál es la ley que determina eso? ¿Colombia tiene que seguir igual? ¿Tenemos que seguir en violencia?”, dijo López.
Además, el Presidente sigue avanzando en su idea de consolidar un partido único para el 2026. Esta semana, el representante David Racero –otro de sus escuderos– radicó una reforma constitucional que pretende abrir la puerta para que los congresistas cambien de partido, la figura del transfuguismo político. Si se impone la propuesta, se abriría paso el llamado del Presidente a que todas las fuerzas de la coalición del Pacto Histórico se unan bajo una sola bandera.
Se abriría las puertas para que congresistas de otros partidos que hoy se exponen a sanciones por salirse de la línea de bancada frente a las reformas den el salto hacia el partido de gobierno, con los naturales privilegios burocráticos.
Para el analista Eduardo Pizarro, el transfuguismo “es un tema de coyuntura disfrazado de la idea de que a través de este mecanismo se van a fortalecer los partidos. Yo, por el contrario, creo que se deslegitiman, porque los electores se van a sentir burlados”. Este analista dice que están disfrazando las necesidades de la democracia con las del Pacto y el petrismo.
¿Y cómo reaccionará el Congreso frente al prematuro discurso presidencial sobre las elecciones de 2026? “Es un error”, asegura el senador liberal Mauricio Gómez Amín. “El Presidente se pierde ahí al darle la partida de manera tan anticipada a la campaña electoral. La lista de problemas que agobian a los ciudadanos es inmensa para que ahora ellos vean que su presidente no gobierna, no ejecuta, sino que habla de política”, sostiene. Gómez Amín cree que este llamado a hablar del 2026 puede hacer “más pobre el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso”.
Una lectura similar tiene el senador de los ‘verdes’ Ariel Ávila, quien, en otras oportunidades, ha defendido al Presidente. “Como lo había dicho, las elecciones presidenciales se adelantaron y todo el mundo está pensando en las presidenciales del 26. Todo el mundo, todos los partidos, incluido el Presidente”, sostiene Ávila.
Él anticipa que lo que no se apruebe en el Congreso en este 2024 estaría condenado al fracaso, “porque todos estarán haciendo cálculos políticos”. “Todas las actuaciones del Presidente estarán pensadas en las elecciones, igual que las de los alcaldes y de gobernadores, lo cual es muy complicado para el país”, dice.
Ante este escenario, la senadora Angélica Lozano, también del partido Verde, dice que el Gobierno podría aprovechar “una ventana de oro”. “Este semestre es el de la construcción de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Los alcaldes y gobernadores tienen la necesidad de cumplir las agendas y para eso sí o sí se necesita al Gobierno Nacional”.
Eso, explica ella, hace que las bancadas y los congresistas aliados de los mandatarios puedan estar más dispuestos a concertar. “Este semestre la ventana de oportunidad que tiene el Gobierno Nacional hace más viable la agenda del Congreso.Hay una necesidad mutua. Es un lapso que termina el 20 de junio y es clave para los intereses de los planes de desarrollo locales y la agenda legislativa. Es un ayúdame que yo te ayudaré. Se necesitan mutuamente”, explica.
¿Aprovechará el Gobierno esa ventana y buscará una concertación real? El discurso y el tono de las ponencias oficiales de las reformas, que incluyeron muy pocas de las observaciones de la oposición, gremios y sectores de especialistas, le dan poco espacio, al menos por ahora, a esa posibilidad. Mientras tanto, en el ambiente político gravita un tema que se adelantó: la campaña de 2026.
Redacción R.S.
