La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, en una decisión que marca un hito jurídico e institucional en el país. Con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, el alto tribunal frenó temporalmente la medida mientras avanza el estudio de fondo.
La decisión se da en medio de una fuerte expectativa nacional, debido a las advertencias sobre posibles perjuicios económicos irreparables derivados de la aplicación del decreto. Es la primera vez que la Corte adopta este camino frente a una emergencia económica.
Votaron a favor de la suspensión los magistrados Carlos Camargo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Miguel Polo Rosero y Lina Marcela Escobar. Cabo y Cortés aclararon su voto.
Salvaron el voto Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, considerados cercanos al Gobierno. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se declaró impedido.
El estudio del caso estuvo a cargo del magistrado Carlos Camargo, quien en una ponencia de 86 páginas argumentó que la suspensión era urgente, señalando que revertir los efectos de la norma después podría ser “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.
La Corte acogió ese argumento y otorgó la medida provisional. Sin embargo, el análisis de fondo continúa y la decisión definitiva se conocería en los próximos meses. Este proceso estudia el llamado “decreto madre”, que dio origen a la emergencia económica, mientras que otro expediente revisa un decreto posterior con normas tributarias relacionadas con impuesto al patrimonio e IVA, cuya suerte dependería de este fallo.
La decisión se produce en medio de tensión institucional. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra el magistrado Camargo, señalándolo de generar una crisis fiscal y cuestionando su postura frente a las medidas económicas del Gobierno.
Desde distintos sectores económicos también se había solicitado una decisión urgente. El Consejo Gremial sostuvo que el Gobierno incurrió en errores al calificar como extraordinarias situaciones que, según su postura, podían atenderse con mecanismos ordinarios.
El economista Jorge Iván González afirmó que ninguna de las razones del Gobierno para justificar la emergencia es sobreviniente, mientras que el jurista Eloy García advirtió que la excepción no puede sustituir la normalidad constitucional.
La suspensión provisional representa un freno a una de las apuestas más controversiales del Ejecutivo y abre un nuevo capítulo en el choque entre el Gobierno Petro y las altas cortes, en un debate que combina legalidad, economía y equilibrio de poderes en Colombia.
