Alejandro Carranza, abogado personal del expresidente, se habría presentado ante la Corte Penal Internacional en nombre del “Estado colombiano”, dando una falsa imagen de representación estatal.
Por dos actuaciones de Víctor Carranza, abogado personal del expresidente Gustavo Petro, ante la Corte Penal Internacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que dio la apariencia de representar al Estado colombiano sin tener esas facultades, acaba de ser denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Carranza habría aprovechado esa condición de abogado personal del entonces presidente Petro para generar “una falsa ilusión de representación jurídica Estatal, en particular, ante organismos internacionales”. Así lo plantea una queja disciplinaria conocida por SEMANA y presentada por el abogado de la familia de asesinado dirigente Miguel Uribe Turbay.
Justamente una de esas actuaciones está relacionada con el crimen de Uribe Turbay, cuando el abogado Carranza se desplazó a Washington, como abogado de la familia Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la supuesta ““instrumentalización” del caso por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay “como narrativas en contra del presidente” por parte de personas con una “agenda” para “erosionar la unidad nacional””, se lee en la denuncia.
Lo que resulta más irónico es que la medida del abogado Carranza se dio como respuesta a una solicitud que hizo la familia de Uribe Turbay ante la CIDH para que el Estado colombiano les garantizara seguridad.
El asunto de fondo es que Carranza, al presentarse en la CIDH, no habría hecho claridad en que no representaba al Estado, induciendo a la Comisión a un error, así lo plantea la queja disciplinaria.
“El señor Carranza irrumpió en el trámite señalado, presentándose como el abogado del Presidente, a sabiendas de que la competencia en dichos procesos para efectuar las manifestaciones pertinentes relativas a la defensa del Estado Colombiano es exclusiva de agentes estatales con capacidad de representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, generando así una falsa ilusión de representación estatal ante el organismo internacional”, se lee en el documento radicado ante el Consejo Superior de la Judicatura.
“Esa ambigüedad no es inocua, pues es precisamente el tipo de interferencia que el artículo 30.1 busca prevenir, en la medida en que introduce en el trámite un elemento ajeno a la relación procesal peticionario-Estado, apto para perturbar su normal desarrollo y para desviar la atención de la Comisión del objeto real de las medidas cautelares, que era exclusivamente la protección de la familia del senador Uribe Turbay”, argumenta la denuncia.
Ante la Corte Penal Internacional
Hay un segundo episodio en el que Carranza habría engañado organismos internacionales aprovechando su condición de abogado personal del entonces presidente Petro, asumiendo funciones que le corresponden a la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación.
Lo mismo ocurrió, según la denuncia, ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuando Carranza presentó una denuncia contra el disidente de las Farc, jefe del Estado Mayor Central, Iván Mordisco, en el que se presenta afirmando que “el Estado Colombiano por intermedio de su Presidente”, dando la apariencia de representación institucional.
La denuncia contra Carranza, interpuesta por el abogado experto en asuntos internacionales Víctor Mosquera, está acompañada de respuestas de entidades estatales como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las que queda claro que no tiene ningún contrato o representación como presuntamente se habría presentado.
Carranza fue denunciado por “faltas contra la dignidad de la profesión”. “Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa”, dice el artículo 10 del Código Disciplinario del Abogado.
