La junta del FNA aprobó transferencias de hasta $800.000 millones al Tesoro Nacional, en medio de advertencias legales, denuncias de presión política y cuestionamientos por afectar el ahorro destinado a vivienda.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, con una votación de 4 a 2, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional. La decisión involucra reservas cercanas a $800.000 millones, acumuladas durante años, y cuyo uso ha generado una fuerte controversia por el eventual riesgo sobre las cesantías administradas por la entidad.
La orden de avanzar en el traslado habría circulado desde semanas atrás y fue impulsada —según fuentes presentes en la reunión— desde el Grupo Bicentenario, el holding estatal que agrupa entidades financieras públicas. El Gobierno defendió la medida como un mecanismo para fortalecer la caja estatal y financiar programas sociales.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el FNA había acumulado “reservas exageradas” por reinvertir utilidades durante años y afirmó que la posición patrimonial de la entidad permite ahora avanzar con la transferencia:
“Las utilidades primero se transfieren al Grupo Bicentenario y el Grupo las transfiere al Ministerio de Hacienda”, explicó.
Restricciones legales y advertencias
El debate jurídico sigue abierto. El artículo 63 de los estatutos del FNA limita estrictamente qué utilidades pueden distribuirse: las derivadas de la administración de cesantías no pueden destinarse a fines diferentes de su objeto social, lo que acota la transferencia únicamente a excedentes provenientes de otras operaciones.
La junta solicitó conceptos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades para evitar violaciones normativas, y la definición de los montos finales quedó pendiente.
Críticas: riesgo para las cesantías y advertencias de expropiación
La decisión encendió alarmas en distintos sectores.
El presidente de Colombia Justa Libres, Ricardo Arias Mora, señaló que el mandato legal es explícito: los recursos del FNA deben destinarse exclusivamente a su misión social. Cualquier desvío —dijo— implica violar la ley, salvo que esta sea modificada.
En redes sociales, la diseñadora gráfica Natalia García denunció que “$800.000 millones fue la cantidad que este desgobierno hizo sacar, mediante presiones, del Fondo Nacional del Ahorro”, advirtiendo sobre el uso político de recursos destinados originalmente al ahorro y a la vivienda de los trabajadores.
El politólogo Mateo Amaya Quimbayo fue más lejos:
“Cuando un gobierno expropia fondos de los colombianos, con la excusa de usarla en gasto estatal, les está dando el mensaje de que saquen sus dineros de esas entidades”, afirmó, anticipando efectos de largo plazo sobre la confianza en el sistema.
Ruptura de tradición y advertencia sobre presión política
El periodista Santiago Ángel confirmó la votación y aseguró que la decisión se logró tras “intenso lobby del Gobierno”. Señaló además que la medida rompe la tradición del FNA de reinvertir utilidades para fortalecer su capital y ampliar ofertas de crédito.
La abogada Gloria Osorio cuestionó la forma en que se produjo la decisión:
“El FNA no es un cajero del Ejecutivo. Son ahorros de los colombianos, no un salvavidas fiscal ni una chequera de campaña”.
Advirtió que la presión sobre la junta, en un contexto preelectoral, desmonta barreras diseñadas precisamente para evitar este tipo de situaciones.
