El Gobierno Nacional enfrenta cuestionamientos tras la compra de más de 9.000 chalecos balísticos nivel IIIA destinados a la Policía Nacional, adquiridos a una empresa que perdió su certificación en Estados Unidos. La transacción, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, asciende a 10.378 millones de pesos y ha generado alarma en los sectores de seguridad y control.
De acuerdo con documentos obtenidos por este medio, el pasado 12 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado informando que los chalecos fabricados por Industrias y Confecciones Inducon S.A.S. no cumplen con los estándares internacionales NIJ, esenciales para garantizar la eficacia del blindaje en situaciones críticas.
Certificación en entredicho
La empresa Inducon S.A.S., que en el momento de la adjudicación contaba con la certificación NIJ, la perdió durante el proceso contractual. Según fuentes oficiales, la Policía Nacional asegura que no recibirá los chalecos hasta que la empresa renueve la certificación, cuya vigencia es indispensable para cumplir con los requisitos establecidos en el contrato.
“Estamos comprometidos con garantizar la seguridad de nuestros uniformados. Hasta que los chalecos no cumplan con los estándares técnicos, no serán aceptados ni distribuidos”, expresó un portavoz de la institución.
Posibles irregularidades en el proceso
Diversos sectores han expresado preocupación por un presunto direccionamiento en la adjudicación del contrato. Aunque tres empresas participaron en la licitación, solo Inducon S.A.S. fue seleccionada, generando dudas entre los expertos en contratación pública.
Además, se cuestiona la decisión de proceder con la compra a pesar de las advertencias emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, han sido llamados a investigar si hubo irregularidades en el proceso de contratación.
Impacto y próximas acciones
Mientras tanto, los chalecos que deberían estar listos para entrega este 31 de diciembre podrían retrasarse indefinidamente. La empresa tiene plazo hasta abril de 2025 para renovar su certificación; de lo contrario, podría enfrentar sanciones económicas.
Esta situación plantea serios interrogantes sobre los procedimientos de contratación estatal y las garantías de calidad en la adquisición de equipos críticos para la seguridad pública. La controversia podría escalar en los próximos días, poniendo en la mira la gestión de Colombia Compra Eficiente y la supervisión del Ministerio de Defensa en este tipo de compras estratégicas.
