El presidente no cumplió con la rectificación en el caso de Coosalud.
El presidente Gustavo Petro ha sido obligado judicialmente, en varias ocasiones, a recoger sus palabras. El primer mandatario ha hecho afirmaciones contra ciudadanos que han acudido a los tribunales y le han ganado el pulso al jefe de la Casa de Nariño. Uno de ellos fue el entonces gerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González.
El primer mandatario, en varios trinos, señaló al directivo de ser parte de lo que él considera es una red para defraudar el sistema de salud. La justicia determinó que el presidente habló sin pruebas de esos hechos y por eso lo obligó a rectificar.
El presidente no cumplió con esa orden y, de nuevo, un juez administrativo tomó una decisión en su contra. En una providencia aseguró que el primer mandatario “ha incurrido en desacato de la sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
Y, como consecuencia, el juzgado tomó la decisión de “IMPONER la sanción de MULTA equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En el fallo, el juzgado recuerda el peso que tienen las declaraciones del presidente y, por lo tanto, la necesidad de que estas se den con responsabilidad.
“Como figura pública y particularmente en ese rol, con amplio ascendente en los medios de comunicación y con las redes sociales que le hacen resonancia, no puede abrogarse la función jurisdiccional en desdoro de la presunción de inocencia; debe ser de rectitud, reflexión, prudencia, sensatez, modulación y mesura en el uso de lenguaje, y si en momentos de desafuero faltó a esa obligación, debió y debe tener la entereza suficiente para encauzar su proceder y dar un mensaje a la ciudadanía de sujeción al Estado de derecho que dé confianza sobre el funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos, siendo modelo de la inexcusable necesidad de observar las decisiones de los jueces”, dice la decisión.
El juzgado también asegura que “desdeñar el imperio de la Constitución, rehusarse a su debida obediencia y menospreciar las sentencias en las que esta se aplica, por el mero hecho de haberle sido adversas pone en entredicho la separación de poderes, debilita la democracia y se corre el pernicioso riesgo de alentar a los demás miembros del conglomerado social a seguir su ejemplo, propiciando la anarquía y una ruptura institucional inadmisible de parte de quien, se insiste, simboliza la unidad nacional y es el llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, incluyendo los de Jaime Miguel González Montaño”.
La decisión asegura que el incumplimiento del presidente a la decisión judicial es un tema de mucha trascendencia. Explica que no se trata de la “mera falta de voluntad de Petro Urrego, sino de una intención dirigida conscientemente a menospreciar el ámbito tutelar deferido a los jueces, desafiando arbitrariamente los límites al ejercicio del poder y de la autoridad que también se imponen al presidente, intención que da sobrada cuenta de la concurrencia del factor subjetivo, ya que no existe un principio de razón suficiente que justifique su omisión, lo que de suyo legitima la imposición de las sanciones descritas en el Decreto 2591 de 1991″.
Una vez se conoció el fallo, el presidente Petro arremetió de nuevo contra el exgerente de Coosalud. “El señor González es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes. La auditoría forense demostró que efectivamente, como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos. Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones”, dijo.
El primer mandatario también se refirió a la decisión judicial. “Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.
El señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes.
El señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes.
