En su sentencia sobre la paz total, el alto tribunal declaró inexequible la expresión “y se encuentren en privación de libertad”. Eso significa que, si están en la cárcel, ellos no podrán ser voceros de paz.
Cuando Gustavo Petro subió a la tarima del triunfo en la segunda vuelta, hizo una promesa polémica y que quizá nunca pueda cumplir. El presidente se dirigió a miles de jóvenes, emocionados con su victoria, y aseguró: “Gracias a todo ese esfuerzo, a esa enorme fuerza que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia”.
“Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de resistencia, de luchas, de rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debería ser, contra la discriminación, contra la desigualdad. ¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente, porque tenían esperanza y amor”, agregó.
Y le envió un mensaje al fiscal Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”. El mensaje, que en tarima produjo una enorme ola de aplausos, en el país generó pánico. La primera línea había acorralado a las ciudades, impedido el paso de alimentos y ambulancias, vandalizado el transporte público y sembrado terror a punta de violencia.
La simpatía de Petro por la primera línea ha sido clara desde la campaña e incluso hay quienes han ido más allá y lo han acusado de haberse sumado a cultivar el caos que vivió el país en esos años con fines electorales.
En el poder, el presidente ha intentado cumplirles a esos jóvenes y ha justificado su violencia. Ha llamado la cárcel a esos jóvenes que delinquieron como una “venganza”. Y ha hablado de “indemnización, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”. Ha asegurado que la justicia ha sido utilizada por la oligarquía para impedir que los jóvenes se manifiesten en las calles. “Debería haber jóvenes en la calle peleando por su libertad”.
“La protesta es un derecho, cómo así que terroristas”, ha dicho. En el Congreso, varios intentos de excarcelar a esos jóvenes se han hundido. Y la vía de que el presidente pueda hacerlo sin mediar con la justicia quedó cerrada con la última sentencia de la Corte Constitucional sobre la paz total.
El alto tribunal acaba de dictar la última palabra sobre la polémica ley que enmarca esos esfuerzos y que ha levantado polémica, pues le permite al Gobierno negociar con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), como el Clan del Golfo, bandas y organizaciones criminales que ejerzan control territorial, un punto de oro para el Gobierno que fue avalado pese al debate que genera.
Sin embargo, pese a que la Corte Constitucional facultó al presidente para establecer estas negociaciones “con fines de sometimiento a la justicia”, no se trata de un cheque en blanco bajo el cual el presidente Petro o sus negociadores puedan tomar todo tipo de decisiones. Por eso, la Corte consideró que los términos de sometimiento deben ser definidos por el legislador.
Frente a este tema, según informaron desde la Corte, aunque la Constitución faculta “al presidente para que recurra a un amplio espectro de posibilidades para buscar el cierre del conflicto armado por vías negociadas, o para acercarse a la criminalidad organizada y conseguir su desmonte, no puede suponer, en ningún caso, que el Estado renuncie a perseguir la criminalidad, garantizar el control del territorio, la seguridad y la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos”.
En lo que va de las áridas negociaciones de paz del presidente Petro, se ha tratado de involucrar a sectores no armados, como la primera línea, a ellos la Corte les dio vía libre para participar de las negociaciones, pero hay un tema que ahora es claro y le pone punto final a un tema que ha sido polémico incluso desde antes de las elecciones a la Presidencia, cuando Juan Fernando Petro, hermano del mandatario y el ex comisionado de paz, Danilo Rueda, visitaban cárceles adelantando acercamientos con criminales. Justo por ese momento fue la primera vez que se escuchó la sentencia “paz total”.
La Corte Constitucional puso punto final a este debate: declaró inexequible la posibilidad de que lo hagan personas que “se encuentren en privación de libertad”, esto porque vulnera los derechos de las víctimas. Es decir, no se podrán dar excarcelamientos bajo el argumento de participar en los diálogos o negociaciones. Allí quedaron por fuera los miembros de la primera línea.
Redacción R.S.
