El jueves, 14 de marzo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, lanzó una fuerte advertencia en contra de algunas empresas en el país, si no pasa la reforma laboral en el Congreso de la República.
“Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales”, dijo el funcionario.
“Que no se negocian, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitarlo, veremos sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos”, dijo.
“Aquí había unas veces de que no aplicaba, sino la sanción de máximo 100 salarios mínimos. Nosotros no compartimos esa tesis, y es la orientación que le hemos dado a nuestro sector del trabajo”, explicó el funcionario.
Y contó: “Y ya tenemos de estos 342, tenemos en la mira a 74 pactos colectivos con sospechas de antisindicalismo, entonces se adelantarán las investigaciones, se adelantará el debido proceso y al que haya que imponer las acciones se aplicarán”.
“Entonces aprovecho la oportunidad, para invitarles a casos, porque también he recibido casos de empresas que dicen: venga, nosotros queremos hacer un ejercicio de monte gradual del pacto colectivo”.
Destapan estudio con nuevos detalles sobre efectos de la reforma laboral que está en trámite en el Congreso de la República
Este martes 12 de marzo, en la III Conferencia Nacional del Trabajo, que se realiza con apoyo de varias organizaciones sindicales, entre ellas la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), un nuevo trabajo investigativo sobre el tema sale a la luz, desde otra mirada distinta a la de los gremios económicos.
El impacto de la reforma laboral, tanto en términos de costos económicos como de alcances sociales, será el eje central de la conferencia, en la que se mostrarán los resultados de una investigación liderada por Óscar Morillo, académico de la Universidad Nacional.
Datos preliminares de lo que contendrá el documento, el cual se plantea como “un análisis teórico profundo”, dan cuenta de que tumbará otros análisis realizados por el Banco de la República, Anif, la Andi y Acopi, entre otros.
Según conoció SEMANA, el resultado de la investigación parte de que “los enfoques de los gremios y del Emisor se basan en una teoría obsoleta, según la cual el nivel de empleo depende del ajuste en el mercado laboral, es decir, de la flexibilidad o no del salario”.
El documento también desvirtúa posiciones expuestas por el gremio de comerciantes, Fenalco, en el sentido de que la reforma contemplaría modificaciones en la jornada laboral. “La única especificación hecha por el Ministerio del Trabajo en el proyecto laboral es la relacionada con la jornada máxima diaria, dejándola en ocho horas, siguiendo las recomendaciones de la OIT. Por ende, es falso atribuir el aumento de los costos laborales relacionados con otra ley, a la reforma laboral”.
Redacción R.S.
