Paloma Valencia accedió a información del Gobierno Petro sobre los beneficios de la paz total.
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, compartió la respuesta que le dio la Oficina del Comisionado de Paz sobre los beneficios que el Gobierno Petro les otorgó a los grupos armados ilegales en el marco de las negociaciones. Su versión es que se habría hecho un pacto para que los criminales multiplicaran el poder.
Ella indagó sobre el cese al fuego bilateral, la política que frenó a las Fuerzas Militares y a la Policía a combatir a los guerrilleros durante largos períodos. Expertos y funcionarios del Ejecutivo han reconocido públicamente que esta decisión ayudó a los delincuentes a posicionarse en el territorio.
Las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá tuvieron un cese al fuego por 733 días.
Principalmente, este grupo se mueve por las montañas de Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta atormentando a la población civil con el cobro de extorsiones, asesinatos y secuestros. El Gobierno Petro sigue negociando con él y sus hombres, pese a la evidencia de que continúan delinquiendo.
“El Gobierno Petro dejó de combatir a las disidencias de Calarcá por dos años. Bajo la figura del cese al fuego de la paz total, durante 733 días, Calarcá hizo lo que quiso con la aquiescencia del Gobierno. Con razón le quedó tiempo para infiltrar MinDefensa, DNI, SuperVigilancia y crecer su pie de fuerza a casi 3.000 hombres”, dijo Paloma Valencia.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo el mismo beneficio por 538 días. Las conversaciones de paz están suspendidas desde el año pasado, luego de que los elenos iniciaron una confrontación armada en la región del Catatumbo con las disidencias de las Farc de Calarcá.
La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (disidencia de la Segunda Marquetalia) tuvo el cese al fuego por 195 días; el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, por 180 días, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada por 180 días.
Frente a este escenario, mencionó la candidata presidencial: “Por eso tenemos las peores cifras en 20 años de secuestros, extorsión y terrorismo. Además, el Gobierno designó 108 voceros/representantes de grupos armados para que no los pudieran tocar, inclusive si se levantaba el cese al fuego contra la organización. Acá estuvo incluido Calarcá, quien mantendría ese estatus a la fecha”.
