En un desarrollo legal que ha generado controversia en Nariño, se reveló un nuevo episodio de desacato judicial contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, relacionado con la incautación de hoteles en el departamento.
La situación se remonta a un operativo contra el tráfico de migrantes en la ciudad de Ipiales, donde al menos media docena de hoteles fueron intervenidos con fines de extinción de dominio. Aunque la Fiscalía inicialmente justificó la acción, un año después un juez determinó la ilegalidad del procedimiento y ordenó la devolución de los establecimientos a sus legítimos propietarios.
Sin embargo, según los afectados, los hoteles quedaron bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que, según denuncias, no solo descuidó los inmuebles sino que permitió su deterioro y el presunto hurto de bienes muebles. Este manejo por parte de la SAE ha sido señalado como un factor que contribuyó al deterioro de los negocios hoteleros en la región.
El desacato contra el ministro Rojas surge en el contexto de las responsabilidades ministeriales relacionadas con la supervisión de entidades como la SAE, que tienen un papel crucial en la gestión de bienes confiscados por el Estado. Esta controversia resalta las tensiones entre las decisiones judiciales y las prácticas administrativas en casos de incautación, dejando en entredicho la efectividad y la transparencia de los procesos de extinción de dominio en Colombia.
Se espera que este incidente continúe siendo objeto de debate público y que genere llamados a una mayor claridad y rendición de cuentas en la gestión de activos confiscados por las autoridades colombianas.
