La advertencia de Quintero, ante su posible nombramiento, fue clara: “Intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”.
Mientras el nombre de Daniel Quintero figura en el portal de aspirantes de la Presidencia para asumir las riendas de la Superintendencia Nacional de Salud, en Medellín las heridas de su gestión administrativa en ese mismo sector aún no terminan de cerrar.
No se trata de simples ataques políticos; son expedientes judiciales y disciplinarios los que hoy cuestionan si quien no pudo, desde su alcaldía, blindar el sistema de salud de la segunda ciudad más importante del país es idóneo para vigilar el de toda la nación.
La advertencia de Quintero, ante su posible nombramiento, fue clara: “Intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”; sin embargo, parece que algunas de esas premisas no fueron aplicadas durante su paso por la Alcaldía de Medellín o, al menos, así consta en los expedientes de los órganos de control y entes judiciales donde reposan procesos que se abrieron justamente por faltas de “intervención” y de la tal “vigilancia férrea” que hoy promete.
Uno de los puntos más oscuros del pasado de Quintero con la administración en salud es la gestión de la Clínica de la 80.
Según el pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación del 20 de diciembre de 2024, la administración Quintero realizó una inversión cercana a los 24.000 millones de pesos en un inmueble bajo comodato con el liquidador de Saludcoop. Lo grave, según el Ministerio Público, es que el contrato se celebró con un contratista inhabilitado por ser deudor moroso del Estado.
A esto se suma un contrato de transacción posterior por 12.000 millones de pesos con la Fundación Colombiana de Cancerología, el cual, según la investigación, habría desconocido las recomendaciones desfavorables del comité de conciliación, incurriendo presuntamente en falsedad en documento público al afirmar que dicho comité había dado su aval.
Pese a que en esa investigación de la Procuraduría no aparece el nombre de Quintero directamente, lo cierto es que era él quien debía tomar cartas sobre el asunto y, desde su administración, ordenar los correctivos pertinentes para subsanar o detener las irregularidades. No lo hizo y, al parecer, lo omitió.
Pero la crisis no fue solo presupuestal, sino vital. La Personería Distrital de Medellín, en diciembre de 2025, formuló pliego de cargos contra Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín durante la era Quintero, por el fallecimiento de un menor de edad el 21 de septiembre de 2023. El organismo de control investiga si la muerte fue consecuencia de la falta de atención derivada de la ausencia de contratación de cirugía neonatal.
Aunque Córdoba gozaba de autonomía, su permanencia en el cargo, pese a los constantes ruidos de mala gestión y las denuncias de medios como El Colombiano, fue un espaldarazo político de la administración central.
Frente a estos hechos, lo que muchos se preguntan, incluso miembros de las mismas colectividades progresistas a las que pertenece Quintero, es si el hoy llamado a ser superSalud, investigado por presuntos hechos de corrupción durante su administración, podrá manejar cerca de medio billón de pesos de esa cartera y supervisar la red hospitalaria del país si bajo su mando en Medellín los resultados fueron opacos.
Pero las investigaciones no quedaron ahí. Incluso los recursos destinados a emergencias terminaron enredados. Un escrito de acusación de la Fiscalía del 4 de febrero de 2026 detalla presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por más de 18.000 millones de pesos que involucra a funcionarios de su administración. Todo, al parecer, ante sus ojos.
La Fiscalía les imputó delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, señalando que dineros públicos terminaron en manos privadas mediante una red de subcontratación y cuentas de cobro cuestionables.
Los datos parecieran contundentes; la gestión de salud en Medellín durante el periodo de Quintero estuvo marcada por pliegos de cargos por negligencia, contratos con inhabilitados y presuntos desvíos de recursos, y si la Superintendencia de Salud es el máximo órgano de inspección, vigilancia y control del sector, los antecedentes en la capital antioqueña no son una carta de presentación para Quintero.
