La Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín habría sido convertida en un nido de presuntas irregularidades, según las denuncias que reposan en la Fiscalía y en la Procuraduría. Se conoció detalles de un escandaloso contrato por más de 54 millones de pesos para comprar 37 chaquetas y 37 bolsos.
El proyecto se formalizó el 12 de diciembre de 2023 por medio de Plaza Mayor, entidad encargada de la operación logística de dicho despacho, con el propósito de vestir a los 37 integrantes del Consejo Comunal y Corregimental de Planeación (CCCP) del corregimiento San Sebastián de Palmitas.
Para los abrigos, estas fueron las exigencias: “Con los logos institucionales del CCCP color gris ratón, estilo casual, ideal para climas fríos y templados. Confeccionada 100 % en nylon, con capota acolchonada, plegable en bolsa, relleno reciclado, bolsillos internos funcionales. Marcado con CCCP 50 San Sebastián de Palmitas”.
El proveedor cotizó estos pedidos en el mercado y concluyó que cada unidad costaba $ 553.000, pero con el IVA escaló a $ 658.070. La administración le dio el visto bueno y transfirió $ 24.348.590. La nueva alcaldía afirmó que esa inversión fue descomunal y le pidió a la autoridad competente poner la lupa sobre los números.
Para los bolsos, fueron cuatro las recomendaciones: “Manija parte superior, piezas en cuero contraste, forro personalizado y cremalleras bidireccionales que facilitan la manipulación”. Al parecer, la persona que diseñó la iniciativa copió y pegó en el contrato las características de un morral de una exclusiva marca colombiana.
La entidad que ejecutó este proyecto consolidó esta información y justificó la compra de cada unidad por $ 677.784, considerando el IVA del 19 %, estarían hablando de $ 806.562 por cada bolso que llegaría al CCCP de San Sebastián de Palmitas. Este pedido también fue aprobado y se descontaron $ 29.842.822 de la cartera.
En todo esto, por medio del presupuesto participativo, la administración distrital se gastó $ 54.191.412. De momento, no hay una investigación activa para esclarecer lo que hay detrás de esta adquisición. Lo que sí se tiene son las imágenes de la compra, suministradas como evidencia de la ejecución del contrato.
Además de este caso, hay una larga lista de denuncias por posibles irregularidades que se habrían gestionado en 2020 y 2023 entre la Secretaría de Participación y Plaza Mayor, por donde se concentró la contratación pública de la capital de Antioquia. Hay alerta por posibles contratos a dedo y supuestas exigencias de coimas.
Redacción RS
