La empresaria e influenciadora se encuentra cumpliendo una condena por destruir una estación del sistema masivo de transporte durante las protestas de 2019.
En la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, reapareció la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.
Esto en medio de la audiencia de reparación por los daños causados en noviembre de 2019, cuando destruyó con un martillo una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá.
Justo por estos hechos, el apoderado de la empresa de transporte masivo formalizó el acuerdo al que se llegó en los últimos días con Epa Colombia, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.
El apoderado de TransMilenio aseveró que el Comité de Conciliación había aprobado un acuerdo de reparación por los daños generados.
A renglón seguido indicó que ya se aprobó la realización de 55 videos por parte de Epa Colombia, con el fin de crear cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte.
“La lógica del acuerdo es, uno, un componente económico fuerte, porque, digamos, tiene de todas maneras un componente de 10 millones de pesos, pero adicionalmente lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían 300 más o menos millones de pesos, en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, agregó.
En la formalización del acuerdo se puso de presente la muerte de un vigilante de una estación de TransMilenio, quien fue asesinado por una pareja a la que les reclamó por colarse.
“En un momento crítico del sistema hemos visto estos días, lamentablemente, la muerte de un agente de seguridad y demás. Creemos que podemos hacer un trabajo, si me permite la palabra, bonito para el sistema (…) y por esa razón le solicito, por conducto de la señora juez, que tenga un concepto favorable para este acuerdo conciliatorio”, precisó.
Epa Colombia se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025.
Esto por su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.
