Luis Guillermo Pérez Casas, superintendente de Subsidio Familiar, será ahora investigado disciplinariamente por la Procuraduría General, presuntamente por incumplir con la suspensión de tres meses de su cargo. El organismo de control señaló este martes que se busca establecer si Pérez Casas continuó ejerciendo sus funciones pese al fallo.
Esto teniendo en cuenta un reporte anónimo que señaló que pese a la decisión debidamente informada el pasado 8 de noviembre, Pérez Casas continuó “asistiendo a la Superintendencia, utilizó los medios oficiales de comunicación de esa entidad para fines personales, cuestionando dónde queda la independencia”.
El funcionario, muy cercano al presidente Gustavo Petro, siendo incluso su abogado en varios procesos penales, anunció desde su cuenta de X –antes Twitter– que presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Juzguen ustedes el despliegue probatorio que se ha ordenado, involucrando a la Unidad de Investigaciones Especiales, incluyendo facultades de Policía Judicial, ordenando usar los medios técnicos necesarios que afectaría la intimidad de mis comunicaciones”, aseveró Pérez en su trino que fue replicado, incluso, por el recién posesionado director de Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
El superintendente tiene una investigación disciplinaria por, presuntamente, ejercer modificaciones a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de cajas de compensación de la entidad. Para evitar que ejerciera algún tipo de presión que afectara el proceso se tomó la decisión de suspenderlo.
“Fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla”, señala la decisión de la Procuraduría fechada en noviembre pasado. Con su actuar, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles.
Igualmente, la Procuraduría General vinculó a Pérez Casas en un caso por presuntamente solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca. “Independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley”.
Redacción R.S.
