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De la paz total a la paz criminal

Sí a la paz con seguridad y orden en el territorio nacional, pero no a la destrucción de nuestras instituciones y al ataque de nuestra gente.

La idea de “paz total” del presidente Gustavo Petro se convirtió con el tiempo en una estrategia para suplantar la institucionalidad existente, abandonar la implementación del acuerdo de paz de 2016 y defender la criminalidad en nuestro territorio. El país no puede equivocarse, una cosa es la paz como derecho fundamental que todos respetamos y buscamos, y otra, el uso que se le ha dado a esa palabra para desvertebrar las instituciones. Son dos cosas distintas.

En los últimos meses, estos aspectos han estado en la retina de los colombianos. Primero, el presidente Petro de forma irresponsable declaró en diciembre de 2022 diversos ceses de fuego y hostilidades con organizaciones de todo orden, sin distinción alguna y sin delimitación geográfica. Esta decisión dio origen a una solicitud que me hizo el mismo presidente de suspensión de órdenes de captura de algunos extraditables que forman parte de organizaciones de origen paramilitar y con quienes no se puede adelantar procesos de paz, sino posibles procesos de sometimiento. Mi respuesta a esa solicitud fue negarme por considerar que no existía fundamento jurídico en el requerimiento.

Esta solicitud, agravada por el hecho de que por cuenta de los ceses y del retiro de la policía y la fuerza pública no se han capturado en zona rural 713 homicidas de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados, llevó a una multiplicación de la violencia en los territorios. Solo desde el inicio de este gobierno 218 líderes sociales han sido asesinados. En algunos casos, los homicidas que no se han capturado en zona rural son los mismos que han asesinado a los líderes sociales y a la inerme población civil.

Debe recordarse que muchas de las víctimas fueron colombianos que le apostaron al proceso de paz de 2016 y que perecieron bajo el yugo de los disidentes de las Farc. Es tal la inquina contra la paz que Iván Mosdisco, jefe de estas disidencias y con quien el Gobierno dialoga, se atrevió a llamar “lagarto y carroñero” al negociador en La Habana de ese proceso Humberto de la Calle. Una prueba más de que la paz total es un artificio para pulverizar el acuerdo de paz de las Farc y el Gobierno Santos.

Con posterioridad a esas solicitudes germinales, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley de humanización de la justicia en el que, entre muchas cosas, se planteaba la legalización de la cadena productiva del narcotráfico, beneficiando, incluso, a los importadores de sustancias para la fabricación de cocaína, heroína y otras sustancias. En el mismo cuerpo normativo, se pretendía despenalizar conductas y beneficiar con subrogados penales a delincuentes de lesa humanidad. Una torpeza contra la política criminal, los derechos humanos y una idea que buscaba darles libertad a cientos de presos. Otra vez los victimarios contra las víctimas.

Estos hechos, sumados a los innumerables episodios de secuestro de soldados y policías, vejámenes que han sufrido las instituciones en este último año, como el maltrato contra más de 144 soldados en Argelia, Cauca, 85 miembros de la fuerza pública asesinados, 40 civiles y más de 610 afectaciones al orden público y atentados terroristas, han hecho del país un escenario de confrontación entre un Gobierno que ha defendido la ilegalidad y unas instituciones que siguen en su tarea de sostener el país.

Para seguir ahondando el ataque a los derechos ciudadanos derivados de la “paz total”, el senador Iván Cepeda, vocero del presidente Petro para el proceso de paz con el ELN, radicó un proyecto de ley atentatorio contra la Constitución Política. En la iniciativa se establece un tipo penal de “obstrucción a la paz”, con lo cual se buscará que quien obstruya, impida o restrinja procesos de paz, o cualquier iniciativa parcial o total que se enmarque en la política de paz, se irá preso hasta por 15 años. Era lo único que faltaba. Cárcel y mordaza al que se oponga a una iniciativa de destrucción institucional e, incluso, de paz, con el argumento de uniformar el país. Paradójico, al Gobierno no le sirve la cárcel cuando los criminales están en ella y buscan sacarlos a como dé lugar y enarbolan la bandera de la cárcel contra los que actúan en la legalidad. La coherencia de la paz total.

Vamos de mal en peor. Lo he dicho al unísono, sí a la paz con seguridad y orden en el territorio nacional, pero no a la destrucción de nuestras instituciones y al ataque de nuestra gente. Los ciudadanos exigen certezas y claridades. El Gobierno se caracteriza por el silencio y por el desdén a la gerencia pública. La incertidumbre ciudadana se instaló, pero las instituciones deben seguir dando las luces. La premisa esencial es que las personas pasan y las instituciones quedan. Desgraciadamente, la paz total se nos convirtió en una paz criminal.

Por: Francisco Barbosa Delgado, Fiscal general de la Nación- Columnista invitado para esta edición

Redacción R.S.

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