Los alcaldes de municipios de categorías cinco y seis enfrentan una grave crisis financiera. Con recursos exiguos, apenas logran cubrir las nóminas y cumplir con compromisos judiciales, lo que pone en riesgo el normal desarrollo de sus funciones administrativas.
Reinaldo Chaparro, alcalde de La Salina, expresó que la situación es crítica, ya que en múltiples ocasiones los funcionarios deben asumir de su propio bolsillo gastos relacionados con las compras necesarias para el funcionamiento de las oficinas. La falta de recursos es tal que no cuentan con transporte oficial y se ven obligados a utilizar transporte público, además de financiar con sus salarios la dotación de sus lugares de trabajo.
El panorama se ha agravado recientemente con una directriz emitida por la Procuraduría, que establece que los alcaldes serán responsables del pago del salario de los personeros en sus municipios. Esta medida ha generado desconcierto entre los mandatarios locales, quienes consideran inusual que el Ministerio Público intervenga en la gestión presupuestal de sus territorios. Decenas de consultas han sido enviadas en respuesta a esta decisión, que aumenta la presión sobre administraciones ya agobiadas por la falta de recursos.
