La decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de suspender las órdenes de captura para disidentes de las Farc, incluso en casos de flagrancia, ha desatado una polémica considerable. Expertos en derecho penal han criticado duramente esta medida, argumentando que infringe la autonomía judicial y podría abrir la puerta a un aumento en la delincuencia.
Camargo firmó una resolución que suspende las órdenes de captura, incluyendo a individuos como Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, quien fue detenido en flagrancia mientras portaba armas y dinero en efectivo. La medida ha sido interpretada como una «licencia para delinquir,» ya que, según los expertos, las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, y no deben ser modificadas por directrices de la fiscal general.
La resolución firmada por Camargo ordena que la suspensión de las órdenes de captura se extienda a situaciones de flagrancia, a pesar de que esta interpretación no está claramente respaldada por la ley. Esta situación ha generado un conflicto entre los fiscales encargados de los casos y la fiscal general, quienes deben ahora decidir si obedecen la directriz de Camargo o siguen el procedimiento judicial habitual.
Los críticos advierten que la medida de Camargo no solo vulnera la autonomía de los jueces, sino que también podría debilitar el sistema judicial al permitir que criminales conocidos queden en libertad bajo el pretexto de procesos de paz con el gobierno. La controversia pone de relieve una creciente preocupación sobre el equilibrio entre la justicia y las políticas de reconciliación en el país.
