NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ
Sería de miopes no ver que la consulta realmente persigue iniciar la campaña reeleccionista de 2026.
Ante el inminente archivo en el Senado de la reforma laboral, Petro reaccionó anunciando que someterá a una consulta popular la suerte de las reformas laboral y del sistema de salud. De ser así, firmaría el final de su gobierno, ahora dedicado, el todo por el todo, a ganar la consulta. Aun cuando esta decisión conlleva poner en remojo la solución de los graves problemas del país, es legítima, ya que, como ha dicho la Corte Constitucional, “permite que cuestiones complejas, sobre las cuales haya enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo, sean dirimidas por el pueblo”.
Pero sería de miopes no ver que la consulta realmente persigue iniciar la campaña reeleccionista del 2026. Busca volcar a todo el Gobierno y sus aliados a recorrer el país desde ahora. A falta de realizaciones, redoblarán su discurso de lucha de clases, que alimenta la permanencia de la izquierda en el poder. Dirán repetidamente que el sistema político protege la oligarquía y es ajeno a la solución de las necesidades populares, por lo que el voto del pueblo es esencial para conseguir las reivindicaciones sociales que ha negado la democracia representativa.
Pura palabrería, porque si fuera cierto que quieren las reformas, el Gobierno habría utilizado el referendo, para cuya aprobación se necesita la participación del 25 % del censo electoral, mientras la consulta popular es más exigente: requiere una tercera parte de este. Así, el Gobierno se puso la soga al cuello, porque le será muy difícil lograr la participación de más de 13,6 millones de ciudadanos.
Busca volcar a todo el Gobierno y sus aliados a recorrer el país desde ahora. A falta de realizaciones, redoblarán su discurso de lucha de clases, que alimenta la permanencia de la izquierda en el poder
Los tiempos de la consulta popular también demuestran que no es sincera la intención gubernamental de lograr las reformas durante su mandato. Porque si se expide el decreto de convocatoria este mes, el Senado tendrá otro mes para pronunciarse sobre su conveniencia y dentro de los 8 días siguientes a la decisión congresional, el Presidente fijará fecha en la que se llevará a cabo la votación, la que deberá efectuarse hacia el mes de agosto. Si se aprueba la consulta, el Congreso deberá expedir las reformas consultadas dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente, es decir, en el período legislativo que concluye el 20 de junio de 2026, para cuando ya habrá nuevo Congreso electo y nuevo presidente de la República. Si el Congreso no lo hace, lo hará el propio presidente, mediante decreto legislativo.
Como la campaña electoral se anticipó, quienes pretendan ser opción para el 2026 tendrán que echarse al agua y convertir este escenario en un instrumento plebiscitario contra un gobierno impopular e irresponsable que afectará aún más la economía, el mercado laboral y la salud de los colombianos. La oposición no puede caer en la trampa de hacer campaña por el no, frente a unas preguntas populistas que en plaza pública difícilmente podrán debatirse. Cómo cuestionar, por ejemplo, la pregunta: ¿está de acuerdo, sí o no, con que se paguen horas extras desde las 6 p. m.? Frente a preguntas de este calado, lo propio es discutir su impacto sobre la productividad de la economía y sobre el empleo informal, así como sobre la pequeña y la mediana industria. Pero no será posible; la campaña se llevará al campo de la confrontación emocional, no al de la racionalidad. Por ello, lo conducente es invitar a la abstención activa, que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, es “una conducta políticamente relevante en una democracia participativa en tanto puede reflejar no solo apatía sino también actitudes políticas deliberadas de rechazo”.
La consulta popular podrá ser una fiesta democrática si no se constriñe a la ciudadanía bajo la amenaza de nuevos estallidos sociales, según las alocuciones presidenciales, y se asegura que los funcionarios públicos no serán incitados a participar en ella, porque “no resulta admisible otorgar estímulos a la participación”, dice la Corte. Le corresponderá al procurador velar por la integridad de estos principios y por que la publicidad del Gobierno se ajuste a las reglas. Al final, la palabra la tendrá la Corte Constitucional.
Taponazo. ¿Será cierto que el Gobierno busca la certificación en Washington, sin haber erradicado en enero una sola mata de coca?
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
