El Consejo de Estado negó la medida cautelar que le pedía al presidente abstenderse de difundir nuevos videos e imágenes con los capturados.
Una magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela que Juan Carlos Calderón España, presidente de la veeduría Control Social y Efectivo, radicó en contra de la Presidencia de Abelardo de la Espriella y de la Dirección Administrativa de la Presidencia (Dapre) por exhibir capturados durante operativos de seguridad.
El accionante consideró que la difusión de videos e imágenes mostrando a las personas detenidas en medio de esas operaciones, vulnera derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a no ser sometido a tratos degradantes, a la honra y al buen nombre.
La decisión del alto tribunal analizó la medida provisional que solicitó Calderón España para que se le ordenara al presidente De La Espriella abstenerse de difundir ese tipo de contenido que identifica a los detenidos y se les atribuye públicamente responsabilidades penales.
Para sustentar esa petición, argumentó que la medida era urgente teniendo en cuenta que el Gobierno nacional adelanta ese tipo de operativos de manera continua, y cada exposición “ocasiona un daño irreversible a la presunción de inocencia de las personas”.
Sin embargo, la magistrada Adriana Polidura Castillo, ponente de este proceso, manifestó en el documento que “negará la medida provisional solicitada, por cuanto, en esta etapa procesal, no se encuentran acreditados todos los presupuestos jurisprudenciales que justifican la intervención urgente del juez constitucional”.
Polidura explicó que, para tomar una medida provisional de esa envergadura, es obligatorio valorar, de manera conjunta, si la solicitud de amparo tiene “apariencia de buen derecho”, si existe un riesgo de “afectación derivado de la demora de la decisión judicial” y si la medida resulta “razonable”.
Aunque el autor de la tutela atribuyó al presidente la presunta vulneración de varios derechos de los capturados, el Consejo de Estado consideró que esos hechos denunciados ameritan un examen de fondo, especialmente sobre el alcance de la presunción de inocencia y los límites de las autoridades públicas al divulgar información sobre personas vinculadas a investigaciones penales.
La magistrada Polidura Castillo explicó en su decisión que con la admisión de la tutela requerirá al veedor Juan Carlos Calderón España para que aporte todas las pruebas que permitan acreditar la imposibilidad de los capturados exhibidos para presentar el recurso judicial contra la Presidencia y el Dapre.
El Consejo de Estado admitió la tutela contra el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tras corroborar que cumplió los requisitos del decreto que regula el contenido de la solicitud de esa acción judicial y el principio de informalidad.
