El régimen de Nicolás Maduro refuerza su ofensiva contra la oposición y los medios de comunicación en Venezuela tras la aprobación de la polémica Ley Simón Bolívar, que impone severas penas a quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó esta legislación que prevé penas de 25 a 30 años de cárcel y la inhabilitación política por 60 años para dirigentes que apoyen estas medidas.
La ley es vista como un instrumento para consolidar el poder del régimen y silenciar a quienes promueven la salida de Maduro. Según la periodista Ana Rodríguez Brazón, la promulgación oficial de la ley se realizará próximamente en un acto público en la Plaza Bolívar de Caracas. “Es un mecanismo de censura sin precedentes en la historia de Venezuela”, afirmó Rodríguez Brazón, quien ha tenido acceso a partes del documento.
Medios bajo amenaza
Uno de los aspectos más controvertidos es el ataque directo a los medios de comunicación. El artículo 21 establece sanciones económicas que van desde 100.000 hasta 1.000 millones de bolívares para medios que difundan información contraria al régimen o que promuevan medidas restrictivas contra la República. Esto incluye medios digitales, impresos y redes sociales.
La ley también contempla la creación de un Registro Nacional de Medios, donde cada canal, emisora o plataforma estará obligada a inscribirse, lo que facilitará un control más férreo sobre la información que circula en el país.
Expropiación bajo el pretexto de “traición a la patria”
Otro de los puntos más alarmantes es la inclusión de medidas de extinción de dominio, que permiten la confiscación de propiedades bajo la acusación de traición a la patria. Según el régimen, se aplicará a bienes relacionados con actividades ilícitas o destinados a ellas. Críticos señalan que este apartado es un arma para apropiarse de bienes de opositores bajo pretextos legales ambiguos.
Obstáculos para una transición pacífica
La aprobación de esta ley cierra aún más la posibilidad de una transición pacífica de poder en Venezuela, prevista para enero bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González. La oposición considera esta medida como una maniobra del régimen para mantenerse en el poder, a pesar del rechazo popular expresado en los recientes comicios.
“Maduro busca perpetuarse en el poder mediante el miedo y la represión. Esta ley es un claro intento de frenar cualquier esfuerzo democrático y de silenciar a quienes defienden la voluntad del pueblo”, concluyó Rodríguez Brazón.
La comunidad internacional observa con preocupación este nuevo paso en la escalada autoritaria del régimen, lo que podría generar más sanciones y aislamiento para Venezuela.
