Este miércoles 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron oficialmente la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Se conoció que el documento, que contiene más de 100 páginas entre declaraciones, registros contables, documentales, cuentas y certificados, fue entregado a consideración de los magistrados a las 8:30 de la mañana de este miércoles.
Esta imputación de cargos les permitirá a los ocho magistrados votar si acogen la ponencia de imputación de cargos y continúan con la investigación, o si, por el contrario, optan por el archivo del proceso.
El documento de ponencia se radicó un día después de que ambos togados escucharan durante hora y media en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda Daily Cop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especie (el avión) a la campaña.
Sin embargo, una fuente de alta fidelidad del CNE le confirmó a esta revista que el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña Fecode, la USO y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones.
Se conoció que los magistrados, después de hacer requerimientos y un cruce de información entre la Registraduría, Su Red, Matrix, Efecty, Super Giros, entre otras entidades de giros, confirmaron que cerca de 35.000 testigos electorales de la campaña Petro Presidente recibieron 60.000 pesos el día de las elecciones, es decir, más de 1.000 millones de pesos.
Esos ingresos y pagos no fueron reportados a Cuentas Claras y, sin duda, violarían los topes establecidos por la ley.
Este medio también estableció que el CNE solicitó a la Registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña Petro Presidente y, con base en estos datos, les pidieron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral.
Esto se suma a la explosiva declaración que entregó en febrero de 2024 al CNE el maestro Cristian Uscátegui, quien denunció que recibió 60.000 pesos de la campaña el día electoral. Ese testigo estrella también habló en SEMANA y ratificó su denuncia.
Otra de las pruebas consignadas en el pliego de cargos es el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a la campaña presidencial. Aunque dice que el dinero fue entregado al Partido Colombia Humana, los magistrados tendrían serias sospechas de que existió una triangulación del aporte económico para tratar de ocultar la destinación del dinero al proyecto Petro.
Pese a que el comité ejecutivo de Fecode aprobó el 3 de mayo de 2022 un aporte económico “para colaborar con la campaña Petro Presidente” y el 24 se giró el cheque, el 16 de septiembre de ese mismo año firmaron un documento en la notaría en el que buscaron aclarar que los recursos fueron entregados a Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de la Colombia Humana.
¿Por qué trataron de enmendar el tema cuatro meses después cuando las elecciones ya habían transcurrido? Esta fue una de las preguntas que se hicieron los investigadores.
El pliego de cargos tiene como pruebas los supuestos 600 millones de pesos que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) habría entregado a la campaña presidencial. El CNE conoció un documento oficial de una auditoría de la asamblea nacional de delegados que confirma el giro.
En el pliego de cargos, los magistrados Prada y Ortiz revelarán la cifra del monto económico que habría violado la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, cuentas preliminares hablan de 2.100 millones de pesos. Hay más pruebas.
El CNE adelanta una investigación de carácter administrativo. Por eso, sólo tendrá, eventualmente, un impacto en los directivos de la campaña presidencial, entre ellos, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien fue gerente.
No obstante, las pruebas del Consejo Nacional Electoral podrán terminar en manos de la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que investigan directamente a Gustavo Petro y a otros funcionarios de alto nivel.
Redacción RS
