El documento fue entregado al expresidente, confirmaron fuentes del Centro Democrático a SEMANA.
Fuentes del Centro Democrático confirmaron a SEMANA que el expresidente Álvaro Uribe recibió una carta anónima en los últimos días en la que se aportó supuesta información sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En el documento, se contó que el crimen del precandidato presidencial habría sido acordado en Ecuador, y que contaría con la financiación de un mandatario departamental cuya identidad se mantiene bajo reserva. De igual manera, se alertó de supuestos vínculos de este político con grupos armados ilegales.
El informante concluyó, hablándole directamente a Álvaro Uribe: “Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima, la que el exalcalde y yo tenemos. De antemano, muchas gracias. Dios y la patria lo protejan siempre”.
Tras la revelación de la periodista Darcy Quinn, de La FM, varios sectores políticos solicitaron la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y verificar el documento que está en poder del expresidente.
Una de las peticiones llegó por cuenta de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático: “¡Urgente! Gravísima denuncia hace Darcy Quinn sobre esta carta anónima que señala, supuestamente, a un gobernador con el magnicidio de Miguel Uribe. La Fiscalía debe investigar a fondo”.
Hasta ahora, lo establecido por el ente de acusación y la Policía Nacional es que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato del precandidato presidencial, y varias personas han sido condenadas por los mismos acontecimientos.
Mientras los investigadores buscan a los autores intelectuales, el Gobierno Petro trata de blindar a los aspirantes a la Casa de Nariño que han recibido múltiples denuncias y amenazas por su ejercicio político.
SEMANA conoció que, de momento, se investigan 23 hechos que podrían comprometer la vida de los candidatos. La lupa está puesta sobre el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc, tanto de Calarcá como de Mordisco, que pretenderían alterar el orden público.
