El canciller encargado, al parecer, sabía del interés del exsecretario general de la Cancillería en entregarle el millonario contrato a Thomas Greg. Aún así, ¿por qué lo facultó nuevamente para contratar?
El canciller (e) Luis Gilberto Murillo no quedó bien parado este martes 27 de febrero cuando les puso la cara a los colombianos e intentó explicar que él no tenía responsabilidad en la adjudicación del millonario contrato a la firma Thomas Greg & Sons por parte del exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
Murillo fue enfático al decir que el entonces secretario general de la entidad “no tenía la competencia” para entregar el contrato a la firma Thomas Greg & Sons.
“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, que declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″, explicó.
Sin embargo, los hechos dejan mal parado a Murillo, pues la Resolución 1344, del 22 de febrero, firmada con su puño y letra, lo deja en evidencia y contradice sus afirmaciones.
En el Artículo 4, el canciller encargado le devolvió las facultades para contratar al entonces secretario general, José Antonio Salazar, pese a que Álvaro Leyva se las había quitado cuando conoció oficialmente que la posición de ese funcionario era entregarle el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, tal como ocurrió.
En diálogo con la radio, Salazar dijo abiertamente que la mejor salida legal para el Gobierno era entregar el contrato al único proponente.
Es decir, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, estaba advertido. Sabía de la posición del entonces secretario general y aún así le devolvió las facultades.
“Artículo 4: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar) la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”, se lee en la resolución que firmó Murillo.
La fecha, según se confirma en el documento, es del 22 de febrero, el mismo día en que, de acuerdo con el canciller (e), el secretario general se enteró que saldría del cargo.
Por eso, surgen varias preguntas: ¿por qué el ministro de Relaciones Exteriores le devolvió las facultades para contratar a José Antonio Salazar? ¿Por qué le concedió esos poderes si se sabía que José Antonio Salazar saldría de la Secretaría General? ¿Por qué el canciller le entregó facultades a este funcionario que ya había dicho públicamente que la mejor decisión era entregarle el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons?
Esas respuestas sólo las tiene Luis Gilberto Murillo, pero el diplomático no ha hablado con la prensa. SEMANA le dejó varios mensajes, pero no los respondió.
Salazar, quien dijo que Murillo se contradice porque él sí tenía facultades para contratar, le explicó a SEMANA cómo el hoy ministro de Relaciones Exteriores le concedió nuevamente sus facultades.
“La resolución me la llevaron a la Secretaría General ya elaborada. No intervine siquiera en la elaboración y no me preguntó antes de hacerlo. Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él (Murillo) le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea”, narró.
Las contradicciones de Murillo frente a la adjudicación del polémico contrato llevó a especular a distintos sectores políticos e incluso se habla de supuestas presiones que habría recibido del entorno del expresidente Juan Manuel Santos.
La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cree que Murillo no quería asumir responsabilidades jurídicas frente al contrato y, por eso, delegó las funciones. Sin embargo, ¿por qué lo hizo con el funcionario que no escondió su interés por favorecer a Thomas Greg & Sons?
Por su parte, el congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo lo llamó en SEMANA el “canciller santista” y dijo que en los mentideros políticos se habla de intereses, coimas y otros hechos de desconfianza y suspicacia. “El canciller debe responderle a los colombianos”, expresó en SEMANA.
Al rompecabezas de la adjudicación del millonario contrato de pasaportes le faltan varias fichas.
Redacción. R.S.
