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Alarma por contrato de defensa jurídica, por cerca de 2,5 millones de dólares, que va a firmar el Gobierno Petro

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado busca contratar a una firma de abogados debido a la demanda por el intento de asfixia económica de EPS Sanitas.


En los últimos hervores del Gobierno Petro se ha disparado la contratación sin justificación alguna en diferentes entidades. Una de ellas, al parecer, es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), donde ya está todo listo para firmar un contrato de cerca de 2,5 millones de dólares (8.500 millones de pesos colombianos).


El mismo magistrado que tumbó inhabilidad a Petro ahora es direct
Según estableció SEMANA, se trata de un pleito que en este momento no tiene fecha de vencimiento o presentación de recurso inmediato como para requerir con suma urgencia los servicios de la firma de abogados. Además, no se puede pasar por alto que el Gobierno Petro está a casi un mes de finalizar.

La demanda
El asunto se vuelve aún más complejo si se analiza el caso, pues se trata de la demanda que puso la EPS Sanitas contra el Gobierno Petro por emprender “una campaña sistemática para asfixiar económicamente a la EPS, con el fin político e ideológico de eliminar la participación privada en la gestión de recursos del sistema de salud”.

Este es uno de los temas más espinosos del mandato del presidente Petro, quien ha tenido un cerrado enfrentamiento contra el modelo de salud de las EPS y ha intervenido varias de ellas con dramáticos resultados. Como resultado, el sistema de salud está cerca del colapso.


Una de las EPS que han sido objeto de ataques virulentos por parte del Gobierno es Sanitas: una vez intervenida, no querían devolverla y solo fue entregada al grupo Keralty, su propietario, luego de una decisión de la Corte Constitucional.

Esas decisiones del Gobierno Petro contra la EPS Sanitas son las que tienen al país respondiendo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).


Además, según la demanda, se “desconoció de manera sistemática su obligación constitucional y legal de garantizar el financiamiento de la prestación de servicios de salud, trasladando indebidamente esta carga a EPS Sanitas, a costa de su viabilidad económica”.

El contrato
SEMANA se comunicó con la ANDJE para corroborar si se pretendía firmar ese contrato, por cerca de 2,5 millones de dólares, al cierre del Gobierno Petro: “No hay ningún contrato firmado ni firma seleccionada, pero sí está citado el comité directivo para abordar ese tema. En esa reunión se puede tomar la decisión de adjudicarlo”, informaron desde la institución.
Ante la duda de por qué el afán si no hay términos cerca de vencimiento, afirmaron que “los términos no los define la agencia, sino los tribunales internacionales, y no se puede correr el riesgo de perder un mes en la defensa del Estado”.

Ahora, frente a las sombras que genera la firma de este contrato a días de finalizar el Gobierno Petro, César Palomino, director de la ANDJE, afirmó: “La agencia está abierta a cualquier tipo de auditoría. La defensa del país no está supeditada a una administración o a un gobierno, y el interés superior es defender al país”.

Palomino agregó que está dispuesto a tener el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría y organismos de control.

Sobre la firma que se quedaría con este multimillonario contrato, Yebrail Haddad Linero, director de Defensa Jurídica Internacional de la ANDJE, afirmó que aún no hay una firma seleccionada.

Agregaron desde la entidad que la convocatoria para este contrato se realizó en noviembre del año pasado y no se había podido expedir porque Colombia estaba en temporada electoral y con vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

De los 11 grandes procesos de Colombia ante tribunales internacionales que han concluido, en ocho ha ganado, en dos se llegó a un acuerdo y hubo un desistimiento y se perdió, pero queda una instancia en el caso de Telefónica.


En todo este capítulo hay un asunto que no se puede pasar por alto: el director Palomino, cuando era magistrado del Consejo de Estado, fue quien presentó la ponencia que tumbó la inhabilidad de Petro cuando era alcalde de Bogotá.

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