El jefe de Estado fijó su posición tras conocerse que tres adolescentes murieron en la operación militar contra las disidencias de las Farc en Guaviare.
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la muerte de tres menores de edad en medio de una operación que adelantaron las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el departamento de Guaviare.
De los diez cadáveres que llegaron a Medicina Legal, tres correspondían a adolescentes de entre 15 y 16 años. Al parecer, los adolescentes habrían sido reclutados por este grupo armado ilegal y fallecieron en la confrontación con el Estado.
Frente a la confirmación de la muerte de los menores, el primer mandatario respaldó las acciones de los uniformados y anunció una fuerte confrontación con las estructuras criminales que operan en esa zona del país.
“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, escribió Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.
Sobre los menores, declaró: “Los bandidos, que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos, deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario”.
En la misma comunicación, De La Espriella anticipó que no descansará hasta reconstruir “los valores de la patria” y retomar la soberanía que, a su juicio, se le habría entregado al narcoterrorismo.
El Ministerio de Defensa informó que, además de los fallecidos, recuperó a un menor de edad y detalló que sus derechos ya fueron restablecidos. También se incautaron 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.
Tras la confirmación de las muertes, esa cartera señaló: “Medicina Legal estableció que tres de los integrantes muertos eran menores de edad. Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan”.
