SEMANA conoció las 135 páginas del informe entregado a las autoridades.
SEMANA conoció las 135 páginas de El libro de la verdad, un documento entregado por el presidente Abelardo De La Espriella a las autoridades para investigar posibles irregularidades y casos de corrupción. Una buena parte de los hallazgos se centra en la reforma agraria del Gobierno Petro.
Dentro de los casos de “opacidad y distorsión de la información pública”, el Gobierno destaca que la administración de Gustavo Petro “entregó tierras sin títulos” y pagó casi un billón de pesos por predios que no pudo registrar.
De acuerdo con el documento, fue una “operación de maquillaje estadístico”, dado que a través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 cuentan con un registro pleno ante Instrumentos Públicos, lo cual constituye solo el 7% de la meta planteada por la administración saliente.
“Mientras 206.273 se entregaron de forma provisional: campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente”, menciona el informe.
Además, le ponen la lupa a un convenio marco firmado entre la Agencia Nacional de Tierras, dirigida por Juan Felipe Harman al cierre del Gobierno Petro, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Hubo un desembolso por casi un billón de pesos a cambio de 537 predios, de los que solo tres han sido debidamente titularizados.
“En atención a lo anterior, el Equipo Élite presentó la correspondiente denuncia penal, promovió la acción fiscal y preparó la queja disciplinaria para que las autoridades competentes evaluaran las responsabilidades a que hubiera lugar”, informó el Gobierno De La Espriella.
Y agregó: “La necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento sobre los procesos de adquisición de tierras financiados con recursos públicos cobra importancia gracias a este tipo de hallazgos”.
Otro de los hallazgos involucra un convenio por hasta $17.003 millones entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para realizar eventos de la reforma agraria.
Según el informe, todas las actividades logísticas habrían sido subcontratadas, mientras el canal conservaba un porcentaje por administración e intermediación. También se advirtieron posibles sobrecostos, dudas sobre algunos registros fotográficos y vacíos en la trazabilidad de los pagos, que fue incluido en una denuncia penal interpuesta por el equipo anticorrupción.
El documento también cuestiona que la Agencia de Desarrollo Rural declarara hábil el sábado 8 de agosto para adelantar actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales, apenas un día después del cambio de Gobierno.
La decisión se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera una medida similar del Dapre. El Equipo Élite presentó una denuncia penal por presunto prevaricato y pidió a la Fiscalía establecer qué actuaciones se realizaron durante esa jornada extraordinaria.
Los hallazgos dibujan, según el Gobierno De La Espriella, una reforma agraria marcada por tierras entregadas sin títulos, millonarios desembolsos sin registro de propiedad y contratos bajo cuestionamiento.
El informe aclara que sus conclusiones no constituyen condenas, por lo que serán la Fiscalía y los organismos de control los encargados de establecer si hubo responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
