Advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en investigaciones disciplinarias y fiscales.
La recta final del Gobierno nacional quedó bajo estricta vigilancia de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expidieron este martes 30 de junio la Directiva Conjunta 001 de 2026, con la que fijaron los lineamientos que deberán seguir las entidades del Ejecutivo durante el proceso de empalme con la administración entrante.
En ese documento advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso de otra naturaleza.
La directriz establece que el Gobierno saliente deberá entregar un informe de gestión completo, en el que se detallen tanto los asuntos ejecutados como aquellos que permanecen pendientes al cierre del periodo constitucional.
El informe deberá contener información sobre la administración de los recursos financieros, humanos y administrativos, así como el estado de cada una de las responsabilidades institucionales.
Los organismos de control recordaron que esta obligación está sustentada en la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005, por lo que no admite excepciones.
En ese sentido, precisaron que la omisión en la entrega del Acta de Informe de Gestión podrá dar lugar a requerimientos por parte de las oficinas de control interno y, de persistir el incumplimiento, a procesos disciplinarios en cabeza de la Procuraduría, además de las actuaciones fiscales que correspondan por parte de la Contraloría.
La directiva también hace énfasis en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público.
Para ello, ordena identificar y dejar documentados todos los asuntos que involucren competencias concurrentes entre diferentes niveles de gobierno, así como las obligaciones que deban mantenerse, ajustarse o coordinarse con otras entidades para evitar traumatismos durante la transición.
En materia contractual, la Procuraduría y la Contraloría exhortaron al Gobierno saliente a verificar que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados o en curso estén debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Además, deberá entregar información detallada sobre los contratos próximos a vencer, los procesos de contratación en marcha y aquellos que presenten retrasos, incumplimientos o controversias administrativas.
Finalmente, ambos organismos insistieron en que los informes de empalme deberán ser publicados y permanecer disponibles para la consulta ciudadana en los canales institucionales, salvo la información que tenga reserva legal.
Con esta directiva, la Procuraduría y la Contraloría buscan que la transición entre gobiernos se realice con transparencia, con información verificable y suficiente, garantizando la continuidad de la administración pública.
