Gobierno confirmó excluir inicialmente a los integrantes requeridos en extradición de la primera fase de las Zonas de Ubicación Temporal mientras continúan las discusiones sobre el alcance de las medidas solicitadas.
La Fiscalía General de la Nación reafirmó su negativa de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, antes del próximo 25 de junio, fecha prevista para el inicio de la instalación de las denominadas Zonas de Ubicación Temporal.
La decisión volvió a quedar sobre la mesa este jueves durante una nueva reunión de verificación entre la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que se revisó el cumplimiento de los requisitos exigidos para evaluar eventuales beneficios judiciales dirigidos a integrantes de grupos armados ilegales que participan en procesos de diálogo con el Gobierno.
El encuentro se realizó en medio de un nuevo choque institucional luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo expidiera una resolución mediante la cual cerró la posibilidad de suspender las órdenes de captura antes de la entrada en funcionamiento de las zonas de ubicación.
La Fiscalía condicionó cualquier avance en esa materia al cumplimiento y verificación de varios compromisos por parte del grupo armado ilegal. Entre las exigencias planteadas aparecen el cese de conductas que vulneren el Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el fin de las economías ilícitas.
El ente acusador también reiteró que las Zonas de Ubicación Temporal deben entenderse únicamente como un mecanismo para facilitar la desmovilización, el sometimiento y el desmantelamiento del grupo armado, y no como una autorización de libre movilidad para sus integrantes.
Esa misma postura fue reiterada nuevamente por la Fiscalía durante la reunión sostenida este jueves con el alto comisionado para la Paz.
Pese a esa decisión, ha quedado claro que el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado Otty Patiño autorizaron esta semana el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal con el objetivo de avanzar en los procesos de negociación.
El Gobierno sostiene que el desplazamiento hacia esos territorios debe contar con garantías suficientes para permitir el cumplimiento de los compromisos dentro de las conversaciones de paz.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la discusión gira alrededor de la presencia de personas requeridas en extradición dentro del listado de los 29 cabecillas incluidos en la solicitud de suspensión de órdenes de captura.
Entre ellos figura alias “Chiquito Malo”, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos y cuyo proceso ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Frente a este escenario, la Fiscalía insistió en la necesidad de honrar los compromisos internacionales de cooperación judicial, postura que la entidad ha venido defendiendo en distintos espacios, incluidos recientes encuentros con funcionarios de Estados Unidos.
Ante las diferencias surgidas por este punto, el Gobierno confirmó excluir inicialmente a los integrantes requeridos en extradición de la primera fase de las Zonas de Ubicación Temporal mientras continúan las discusiones sobre el alcance de las medidas solicitadas.
