El presidente Gustavo Petro no renovó el cese al fuego con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, pero ordenó suspender las operaciones militares y policiales en contra de sus integrantes en varios departamentos de Colombia. En entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó el alcance de la medida y la manera cómo deberán actuar los uniformados.
Hasta el próximo 18 de mayo, las autoridades no podrán desarrollar maniobras ofensivas que afecten a los guerrilleros que hagan parte de esta estructura en Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Huila, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia, por dos razones fundamentales: “Uno, que se puedan reubicar para la transición hacia la paz. Lo otro, hacer transformaciones territoriales enfocadas a la sostenibilidad de las economías, para que en un futuro ellos puedan vivir de eso; cambiar la coca por cultivos rentables”, detalló.
Una de las dificultades que tendrían que enfrentar los uniformados es la identificación del grupo armado, pues hay regiones donde conviven con las disidencias de Iván Mordisco, que no hacen parte del diálogo y, al contrario, sostienen una guerra a muerte con las Fuerzas Militares.
La indicación del ministro es que estos hombres deberán ser localizados: “Debe haber acciones de inteligencia y contrainteligencia para saber dónde están con el fin de no adelantar operaciones ofensivas, pero también para prevenir que vayan a atentar contra la población civil o la Fuerza Pública”.
El general en retiro afirmó que sus hombres no tendrán las manos atadas para actuar, como se le ha criticado en la opinión pública: “¿Qué podemos hacer nosotros? Si hay un encuentro entre la Fuerza Pública y las disidencias, la Fuerza Pública debe actuar inmediatamente, incluso usar la fuerza letal para defender su integridad y su vida. Esos encuentros se podrían dar de manera imprevista o incidental, porque desde el planeamiento la intención es no desarrollar operaciones ofensivas contra ellos. ¿Contra quiénes? Los campamentos”.
Los uniformados también podrán actuar cuando estén frente a fenómenos criminales como la extorsión y el secuestro, los delitos recurrentes de este grupo armado que negocia la paz con el Gobierno nacional. Prueba de ellos son las recientes capturas de disidentes, aliados de Calarcá, que atormentaban a las comunidades del Huila.
Una vez superado el mes de la suspensión de las operaciones ofensivas, el Ministerio de Defensa le presentará un informe al presidente Gustavo Petro para que defina el futuro de la medida. Ya no habrá mecanismo de verificación, pues el Ejecutivo consideró que no es una buena herramienta para monitorear los hechos: “A fin de mes, le vamos a dar unas evaluaciones al señor presidente. Puede ocurrir una transición favorable hacia la paz. Quiero que los hechos nos confirmen si fue acertado haber extendido” la medida.
