El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que el Canal de Panamá es un «activo nacional vital» para su país, calificando las tarifas impuestas por Panamá como «ridículas». Según Trump, esta situación constituye una «estafa» a los intereses de EE. UU. que debe terminar de inmediato.
Trump afirmó que el Canal de Panamá «jamás debió caer en manos equivocadas» y sostuvo que su cesión fue un acto de cooperación, no una concesión para el beneficio exclusivo de otros. «Si no se respetan los principios morales y legales que sustentaron esta donación magnánima, exigiremos la devolución del canal en su totalidad y sin objeciones», subrayó el líder republicano.
Polémica en Colombia por licitación de $10.000 millones en la Cancillería: Proponentes denuncian irregularidades
El Fondo Rotatorio de la Cancillería de Colombia enfrenta críticas por el proceso de licitación pública para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en sus sedes de Bogotá y Cartagena. Con un contrato por $10.531 millones para 19 meses, las empresas participantes han señalado que los requisitos planteados benefician a una única firma, generando dudas sobre la transparencia del proceso.
Una de las observaciones más contundentes provino de la empresa Seguridad Penta, que denunció que los términos del pliego son restrictivos y excluyentes. Entre las exigencias destacadas se incluye un coordinador de contrato con títulos y diplomados específicos en ciencias militares o ingeniería, experiencia en seguridad privada, y una credencial de consultor emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asimismo, se solicita un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con especialización en Higiene y Seguridad Laboral, y formación adicional para oficiales de cumplimiento, como maestrías en derecho privado o especializaciones en áreas legales que, según los proponentes, no son relevantes para el contrato.
«Estos requisitos parecen diseñados para favorecer a una empresa específica. Es evidente que pocas firmas, si no una sola, cumplen con estos perfiles, lo que limita la competencia y afecta la pluralidad de oferentes», señaló un representante de Seguridad Penta.
Durante una audiencia pública, otras empresas como Interglobal, actual contratista del servicio, también expresaron su inconformidad. «Los requisitos son absurdos, faltos de objetividad y violan los derechos de los proponentes», manifestó un vocero de la firma.
El proceso de adjudicación, que aún no se ha definido, enfrenta críticas por su aparente direccionamiento. Las empresas Detección Ltda. y Top Guard se perfilan como las principales competidoras, y la decisión final será anunciada el próximo 26 de diciembre.
Estas denuncias reavivan el debate sobre la transparencia en los procesos de contratación pública en Colombia, donde los llamados «pliegos sastre» generan desconfianza y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del Estado.
