A solo tres semanas de asumir un controvertido tercer mandato (2025-2031), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su intención de impulsar “una gran reforma constitucional”. La propuesta, que recuerda las estrategias políticas de Hugo Chávez, busca, según el mandatario, «democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano».
“He conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional”, afirmó Maduro durante un acto oficial. Aunque no ofreció detalles concretos sobre el alcance de la reforma, aseguró que será implementada durante su próximo período presidencial, pese al rechazo de gran parte de la comunidad internacional que cuestiona la legitimidad de su reelección.
Un antecedente de reformas y control político
Cualquier cambio constitucional debe ser ratificado por el voto popular. Sin embargo, antecedentes similares generan escepticismo. En 2017, Maduro convocó una Asamblea Constituyente para “pacificar” el país durante una ola de protestas opositoras. Este órgano, declarado plenipotenciario, cesó en 2020 sin modificar la Constitución de 1999, diseñada por Hugo Chávez. Según expertos, la Asamblea solo buscaba neutralizar al Parlamento, controlado entonces por la oposición.
En 2009, Chávez modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida tras una reforma rechazada previamente en referéndum. Ahora, Maduro plantea su iniciativa respaldado por un Parlamento dominado por el chavismo, que recientemente aprobó reformas a leyes sobre comunas, justicia comunitaria y electoral.
Presión internacional y ambiente polarizado
El anuncio de la reforma se produce en un contexto de creciente tensión política y rechazo internacional hacia el régimen de Maduro, acusado de usar reformas legales y políticas para perpetuar su poder y debilitar a la oposición.
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Abandona la embajada argentina un opositor venezolano bajo presión judicial
Fernando Martínez Mottola, uno de los seis opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, abandonó el jueves la sede diplomática tras aceptar un acuerdo de libertad condicional con las autoridades venezolanas. Martínez, exasesor de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), permanecía en la residencia desde marzo, acusado de conspirar contra el gobierno de Maduro.
Según fuentes judiciales, Martínez «se presentó voluntariamente ante la Fiscalía» y ahora permanece bajo régimen de presentación. Sin embargo, denunció haber sufrido presiones dentro de la embajada por parte de otros asilados, una versión desmentida por fuentes opositoras.
Asedio y tensiones diplomáticas
El resto de los refugiados, entre ellos Magalli Meda, colaboradora cercana de María Corina Machado, denuncian un “asedio” policial que incluye el corte de luz y agua, así como restricciones al ingreso de alimentos. Los opositores esperan un salvoconducto para abandonar el país, mientras la embajada permanece sin personal diplomático desde agosto, tras la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Argentina.
La crisis diplomática escaló recientemente con la detención de un gendarme argentino y un empleado local de la embajada. Pese a ello, Brasil, mediador temporal tras el retiro argentino, insiste en su rol de protección a la sede, aunque sin un permiso oficial por parte de Venezuela.
Las tensiones reflejan el complejo entramado político que enfrenta la oposición venezolana, agravado por las fracturas internas y la creciente presión del régimen chavista.
