La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha presentado un documento de 23 páginas en apoyo a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en medio de la controversia por una demanda que busca anular su elección. El documento fue entregado a la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde avanza el estudio de la demanda.
En el concepto, la Agencia argumenta que tiene la facultad de intervenir en este caso debido a los intereses de la nación involucrados. Este argumento se basa en la necesidad de justificar su presencia en un proceso que, aunque dirigido contra la persona de Camargo, también se relaciona con la actuación administrativa que la llevó a su cargo.
La Agencia compara su posición con la de entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, ambas inicialmente demandadas en el proceso. Afirma tener las mismas atribuciones que estas entidades para ejercer su derecho de contradicción. En el Memorial N.° 202410000862, radicado el 4 de octubre, se solicitó la suspensión del proceso, indicando que su intervención se realiza en una etapa posterior al término de traslado de la demanda.
Sin embargo, la participación de la Agencia en este tipo de procedimientos ha generado inquietud, ya que no es común que actúe en demandas contra personas individuales a menos que esté involucrada directamente. Un experto en el tema explicó que la demanda se dirige exclusivamente contra Camargo y no contra la Fiscalía General, lo que complica la justificación de la intervención de la Agencia.
El antecedente más relevante de la intervención de la Agencia fue en una demanda de nulidad contra magistrados de la Corte Suprema, pero en ese caso, fue una solicitud formal de la Corte. No se ha encontrado evidencia de una solicitud similar en esta situación por parte de la Fiscalía, la Presidencia o la Corte Suprema.
La Agencia, en su documento, solicita que se desestimen las pretensiones de la demanda y se reconozca la legalidad del Acuerdo N.° 2280 del 12 de marzo de 2024, mediante el cual Camargo fue nombrada fiscal general. En su argumentación, resalta la importancia de la colaboración entre las ramas Ejecutiva y Judicial en el proceso de elección, enfatizando el principio de frenos y contrapesos del sistema democrático colombiano.
Finalmente, la Agencia sostiene que la demanda “desconoce” el derecho a la confianza legítima de la fiscal general, quien, según el análisis realizado, fue elegida sin irregularidades en el proceso administrativo establecido.
