El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una grave crisis agraria debido a la falta de cumplimiento de las promesas de reforma agraria, lo que ha generado una profunda indignación y movilización entre los campesinos colombianos. A pesar de que el gobierno destinó 136.000 millones de pesos para la compra de tierras, estos recursos se encuentran en el limbo, y los campesinos siguen esperando la entrega de las tierras prometidas. En 2023, solo se han adjudicado 23 predios, una cifra insignificante comparada con las necesidades y expectativas de las comunidades rurales.
El malestar de los campesinos ha sido exacerbado por los múltiples actos protocolarios en los que el gobierno anunció la entrega de tierras, pero que en la práctica no se han materializado. Estos eventos, destinados a mostrar avances en la reforma agraria, han resultado ser simbólicos y sin impacto real en la vida de los campesinos, quienes siguen sin acceso a las tierras que necesitan para su sustento y desarrollo.
La situación se complica aún más por la baja ejecución presupuestal y las irregularidades administrativas en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La agencia ha sido criticada por su ineficiencia y falta de transparencia, lo que ha contribuido a la frustración y el descontento en el sector agrario. A pesar de las reuniones sostenidas entre los líderes campesinos y representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, no se han obtenido respuestas satisfactorias ni soluciones concretas a los problemas planteados.
La respuesta del gobierno ha sido insuficiente para calmar los ánimos. Los campesinos han decidido organizar un paro nacional el próximo 7 de julio para exigir respuestas claras y acciones concretas respecto a la democratización de la tierra. Esta movilización se anticipa masiva, con la participación de miles de campesinos de diferentes regiones del país, quienes demandan el cumplimiento de las promesas hechas por el presidente Petro durante su campaña y su gobierno.
El paro campesino es un reflejo de la creciente desconfianza en la administración de Petro, que ha sido tildada de mentirosa y «faltón» por no cumplir con sus compromisos. La falta de avances en la reforma agraria no solo afecta a los campesinos, sino que también tiene implicaciones significativas para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en Colombia.
La situación pone en evidencia las profundas contradicciones en la política agraria del gobierno y subraya la necesidad urgente de implementar reformas estructurales que beneficien verdaderamente a las comunidades rurales. Sin un compromiso real y acciones efectivas, el gobierno de Petro se arriesga a enfrentar una creciente oposición y descontento social, que podría tener repercusiones políticas y sociales significativas.
