En el último tramo que le falta a la reforma pensional dentro de su trámite legislativo, todo puede pasar. Aunque el desenlace parece estar cantado, expertos y académicos advierten sobre las consecuencias de esta iniciativa.
La reforma pensional está a un debate de convertirse en ley, pero no significa que se hayan disipado las preocupaciones derivadas de esta iniciativa,la cual transformará por completo el régimen de jubilación vigente en el país desde hace 30 años.
Además de crear un esquema de pilares y subsidios para quienes nunca pudieron cotizar o que cotizaron muy poco, la reforma tiene tres temas que siguen generando desasosiego. El primero es el del llamado umbral, el cual se refiere al monto de ingresos a partir del cual un trabajador deberá cotizar a Colpensiones y a los fondos privados. El segundo es un necesario fondo de ahorro, cuyas reglas causan dudas. Y el tercero, la entrada en vigencia de la nueva ley.
Con respecto al primero, académicos y los mismos fondos de pensiones privados insisten en que el umbral debe ser de un salario mínimo, pues cuanto más alto, mayor sería la deuda pensional a cargo del Estado. No obstante, expertos como Andrés Monroy, gerente de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, señalan que cuanto más bajo sea el umbral, menor será el valor futuro de las pensiones, lo que podría provocar un desincentivo al ahorro y a la función complementaria que asumirían los fondos privados. «Se requiere un análisis juicioso para lograr el equilibrio adecuando», dice.
Igualmente, Alejandra Sánchez, directora de la Maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional, y uno de los cerebros detrás de la reforma, afirma que esta se diseñó pensando en un umbral más alto y a medida que se baja se descuadran las cuentas. Prueba de ello es lo que pasará con las personas que siempre han estado afiliadas a Colpensiones y que no están en el régimen de transición. Ellos tendrían que cotizar una parte de su salario en los fondos privados, tal como lo establece el proyecto, y en ese caso Colpensiones tendría que hacer un bono individual que le deberá girar a los fondos. Cuando se planteó que el umbral fuera de tres salarios mínimos (el nivel con el que arrancó la discusión de la reforma), se calculó que ese bono hasta 2052 valía 15,8 billones de pesos, pero al bajar a 2,3 salarios sube a 21 billones, un gasto a corto plazo por el que debe responder Colpensiones.
De la misma manera, tener en Colpensiones solo a las personas que devenguen menos de 2,3 mínimos (2.990.000 pesos actuales) implica responder por la población más riesgosa, pues son los que tienen menos continuidad en sus cotizaciones, los más afectados por la informalidad laboral y los accidentes de trabajo, lo que lleva a más pensiones por incapacidad o por supervivencia, encareciendo el seguro previsional.
Las reglas del fondo
El tema del umbral también afecta el fondo de ahorro que establece la reforma para poder pagar las mesadas de los pensionados del futuro, otro de los grandes motivos de preocupación.
La idea es que en ese fondo se ahorre cuando lo que se recaude por cotizaciones supere un límite establecido en la reforma y que va cambiando por años. Así, entre 2025 y 2028, cuando las cotizaciones superen 1,8 por ciento del PIB (unos 37,2 billones de pesos), lo que se recaude de más se ahorraría; entre 2029 y 2035 se guardaría lo que supere el 1,6 por ciento del PIB, y así sucesivamente hasta llegar a 1 por ciento a partir de 2051.
El problema es que esa cuenta se hace con el recaudo de Colpensiones, que al ser solo de 2,3 salarios mínimos, se va a demorar mucho más en llegar a la cifra establecida.
A esa dificultad se suman las dudas que persisten ante la designación del Banco de la República como administrador del fondo de ahorro. Para algunos es positivo que asuma esa misión, debido a su independencia y las garantías que brinda. Pero otros temen que con tal medida pierda justamente su independencia al tomar decisiones.
“Se podría generar un conflicto de intereses cuando el Banco deba tomar medidas para controlar la inflación, que también podrían ser contraproducentes para la búsqueda de rentabilidad de dicho fondo. Que el Emisor sea de las entidades más competentes no significa que esta designación sea la más adecuada», argumenta Monroy.
Noventa decretos de afán
El tercer factor de gran preocupación es la implementación de la reforma, prevista para el 1 de julio de 2025. El Senado y la Comisión Séptima de la Cámara aprobaron esta fecha, a pesar de las advertencias de la Contraloría y la Procuraduría sobre la falta de preparación de Colpensiones para manejar 24 millones de cotizantes.
Kevin Hartmann, economista e investigador posdoctoral experto en pensiones, coincide en que Colpensiones va a ser el eje central del nuevo sistema. Por lo tanto, “es muy importante que esté preparado para asumirlo. De lo contrario, podría ser un riesgo para la estabilidad de las pensiones y las historias laborales de 24 millones de colombianos”.
mpleados de Colpensiones que han seguido de cerca el proceso confirman que el desafío de implementar la reforma en un año radica en los sistemas de información. Inicialmente, se pensaba que la reforma se aprobaría rápido, lo que hacía viable su entrada en vigor en julio de 2025. Sin embargo, dado que esto no ocurrió, no se ha avanzado en la contratación de los sistemas informáticos. Esta demora tendrá un impacto significativo no solo durante la contratación y desarrollo del software, sino también durante su implementación. Hay quienes temen que con esto se repita el desorden que se vive hoy con el cambio del sistema de salud del magisterio.
Hartmann opina que postergar la entrada en vigencia sería benéfico para la regulación, ya que, según sus cuentas, se requieren más de 90 decretos reglamentarios, que tendría que hacer el Gobierno. “A mayor tiempo podría tenerse una regulación más ponderada, más consultada. No de afán”.
El ambiente político
El Gobierno tiene apenas tres semanas para conseguir la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, un calendario apretado si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo deberá concentrarse la elección del nuevo contralor y está pendiente el trámite de cinco mociones de censura a igual número de ministros en la plenaria.
Los promotores de ese articulado son conscientes de que los tiempos juegan en su contra, mucho más si tienen que lidiar con las sesiones en las que la oposición desbarata el quorum, como ya les sucedió con el proyecto sobre la prohibición de las corridas de toros.
El problema es que en los puntos de difícil consenso, si bien quedaron en la ponencia tal y como estaban consagrados en los acuerdos que salieron del Senado, hay legisladores de la bancada del Pacto Histórico que quieren plantear lo reclamado por el presidente Gustavo Petro, como que el umbral de cotizaciones suba a cuatro salarios mínimos. Los más pragmáticos, como las representantes Martha Alfonso (Alianza Verde) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), apuestan por mantener ese nivel en 2,3 salarios ya acordados como una estrategia para no poner en riesgo el proyecto de ley, que tiene que aprobarse antes del 20 de junio, cuando finaliza la legislatura.
“Hay que mantener los acuerdos que vienen del Senado porque hay una prioridad, que es la reforma pensional como tal. Por encima de cualquier línea política que nos haya dado el presidente, pido mantener los consensos para facilitar el trámite”, reclama Vásquez.
Sobre las curules de los congresistas también habrá una ponencia de archivo de la reforma, que parece condenada al fracaso por las ya demostradas mayorías que tiene la Casa de Nariño en ese recinto. “Esta no es la reforma que necesita el país porque no mejora la cobertura, ni el problema severo de transición generacional. Además, no tenemos claro el impacto fiscal”, reconoce la representante Betsy Pérez, de Cambio Radical, quien radicó la ponencia de archivo.
“Los tiempos están ajustados. El mayor reto será que el Gobierno logre el quorum para superar la primera fase de los impedimentos. Si se mantienen los acuerdos, el trámite va a salir»,detalla el representante Héctor Chaparro.
La reforma pensional es la carta que se juega el Gobierno para mantener con vida su agenda social, un proyecto que, en todo caso, llega a la plenaria sin que se conozca el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Por ahora los congresistas votarán a ciegas.
Redacción E
