Premiar criminales y condenar inocentes nunca ha resultado bien… al final, las mismas instituciones y la democracia corrigen los abusos.
Juan Lozano
Hay una tarea sistemática desde algunos frentes del Estado para llenar de beneficios, dádivas, premios y regalos a los criminales más peligrosos o a aquellos que han llegado a cometer hasta crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento de menores asociados con el narcoterrorismo y su secuela de infamias contra millones de colombianos. Para muchos de ellos, la fórmula que les han venido diseñando, en mayor o menor grado, se llama impunidad.
En efecto, llama la atención la aproximación selectiva a los objetivos de la administración de justicia que, a fin de cuentas, termina por extraviar la justicia misma entre los vericuetos de la política electoral y partidista y en los laberintos de las ideologías fanáticas.
Así se estructura un modelo proclive a premiar por política, a castigar por política, a absolver por política y a condenar por política.
Afortunadamente para Colombia, un conjunto muy importante de magistrados de las altas cortes y magistrados de tribunales han asumido con toda entereza el desafío de la historia y no han mordido, como sí lo han hecho otros y otras, el anzuelo de las militancias, de la justicia politizada, del ‘law fare’, y con encomiables firmeza y serenidad republicana han defendido la independencia de poderes en general y la independencia de la justicia en particular.
He encontrado también, justo es decirlo, muchos jueces en todos los niveles del escalafón probos, estudiosos y valientes. Ojalá todos fueran así.
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Cuando la justicia pierde su majestad en una sociedad, cuando los ciudadanos sospechan que los fallos pueden ser más políticos que jurídicos, cuando de antemano se sospecha de una condena o una absolución por la filiación o el significado político de un imputado, la democracia entra en caída libre.
Politizar la justicia equivale a un golpe de Estado, a una suplantación democrática y a una denegación del Estado de derecho.
Tan grave resulta “la justicia solo para los de ruana” del siglo pasado como la justicia que persigue o premia en función de la política. Cuando los criminales se saben impunes, delinquen con desparpajo y victimizan aún más a la sociedad.
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A pesar de todo lo que ha pasado, yo no pierdo la fe en las instituciones colombianas y sigo creyendo en que podemos aprender de las historias del pasado para no repetir errores y avanzar a paso firme por una mejor Colombia.
Premiar criminales y condenar inocentes nunca ha resultado bien… al final, las mismas instituciones y la democracia corrigen los abusos.
Por eso creo que, aunque resulten a veces infames, los fallos deben acatarse y se deben exigir todas las garantías para que puedan ser controvertidos en derecho.
Por eso creo que los jueces de la República, los magistrados y las altas cortes merecen respeto.
Y por eso creo, también, que como sociedad es indispensable adelantar una reflexión profunda para que no terminemos en una situación en la que desde las tribunas de sus privilegios o beneficios inmerecidos, ofensivos o injustos, los verdaderos criminales terminen aplaudiendo procesos o condenas selectivas contra quienes los han combatido. O que terminen pretendiendo intimidar, agredir, injuriar, difamar, ridiculizar, atemorizar y amedrentar a quienes, desarmados, no comparten los beneficios que les quieren conceder o los que ya les han concedido. Eso carcome la democracia. Eso destruye la sociedad.
Eso siembra odios.
Eso reproduce violencias viejas y puede generar violencias nuevas, que a toda costa deberían evitarse y proscribirse.
Eso duele. Duele mucho.
Pero también, cuando eso sucede, interpela las mayorías silenciosas que no aguantan más violencia, más delito, más crimen y criminales impunes para que desde la no violencia y el ejercicio ciudadano se hagan sentir en el camino de restablecer el rumbo perdido y retomar las riendas cuando un país extravía su rumbo.
JUAN LOZANO
