Una fuerte controversia se desató tras una reciente sentencia de la Corte Constitucional que falló a favor de la senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes, decisión que ha sido interpretada por víctimas de las Farc como una “mordaza” que limita su derecho a denunciar y señalar públicamente los crímenes cometidos por exintegrantes de ese grupo armado.
El fallo, cuyo magistrado ponente fue Miguel Polo Rosero, ordena la rectificación y la presentación de disculpas públicas a favor de la congresista, bajo el argumento de que no se le pueden hacer señalamientos sobre su pasado guerrillero, dado que se reincorporó a la vida civil y política tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y que, según la Corte, no tiene investigaciones abiertas o vigentes por esos hechos.
Sin embargo, la decisión generó una profunda indignación entre varias víctimas que han rendido testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado precisamente para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Estas personas aseguran que han entregado abundante documentación y relatos que vinculan a Ramírez con graves violaciones a los derechos humanos, como abuso sexual, tortura y reclutamiento forzado, sin que hasta el momento se hayan iniciado procesos en su contra.
“Esta sentencia es una mordaza para las víctimas del país. La Corte Constitucional nos vuelve a pisotear y se pone del lado de los victimarios”, afirmó una de las mujeres que ha denunciado a la congresista ante la JEP. Otra víctima aseguró que, aunque la senadora celebra el fallo, su voz y su historia no serán borradas por una decisión judicial. “Ni ella ni la Corte me van a silenciar”, sostuvo.
Las denunciantes también cuestionan que la Corte haya fundamentado su decisión en la inexistencia de investigaciones formales, cuando —según ellas— esa ausencia responde a la falta de actuación de la JEP, pese a contar con testimonios detallados y reiterados. A esto se suma la preocupación por las amenazas que, aseguran, comienzan cada vez que hacen públicos sus señalamientos.
El fallo se originó a partir de una tutela presentada por Sandra Ramírez contra el activista Ariel Ricardo Armel, quien realizó acusaciones en su contra en redes sociales. La Corte ordenó que Armel rectifique su mensaje, ofrezca excusas públicas y declare que no tiene pruebas de que la senadora haya cometido asesinatos u otros delitos en la actualidad. Además, dispuso que el mensaje permanezca publicado hasta alcanzar cerca de 20.000 visualizaciones.
Para las víctimas, el alcance de la decisión va más allá del caso puntual y sienta un precedente preocupante: temen que a partir de ahora nadie pueda señalar a exmiembros de las Farc por los crímenes cometidos durante el conflicto, incluso cuando existan testimonios y denuncias en curso.
El fallo reabre el debate sobre los límites entre la protección de los derechos de los excombatientes reincorporados y el derecho de las víctimas a la verdad, la memoria y la justicia, en un contexto donde muchas investigaciones siguen sin avanzar y la sensación de impunidad persiste.
