Cuatro magistrados viajaron con dinero del presupuesto nacional a hacer lobby para proteger el mandato de verificación de la ONU. La decisión del Consejo de Seguridad, sin embargo, fue la contraria: excluir a la JEP.
SEMANA revela en exclusiva que cuatro magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viajaron a Nueva York el pasado 17 de julio, con gastos pagados por el presupuesto nacional y autorizados por su actual presidente, Alejandro Ramelli Arteaga, con el objetivo de cabildear directamente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿La razón? Intentar salvar el componente más simbólico del respaldo internacional: la verificación por parte de la ONU de las sanciones propias de la JEP.
La comitiva —integrada por los magistrados Alejandro Ramelli, Julieta Lemaitre, Juan Ramón Martínez y Fabián Camilo Martínez (este último magistrado auxiliar del presidente Ramelli)— asistió a la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia. Sus pasajes, viáticos y demás gastos ascendieron a más de 33 millones de pesos, sin ningún apoyo de cooperación internacional, en un viaje que hoy queda marcado como un lobby diplomático fallido.
Este jueves, el Consejo de Seguridad —bajo presión directa de Estados Unidos— aprobó una resolución que excluye expresamente la verificación de las sanciones de la JEP del mandato de la Misión de la ONU en Colombia. En otras palabras: el lobby judicial de la JEP no solo fracasó, sino que terminó evidenciando su pérdida de respaldo internacional.
Un viaje sin resultados
Según documentos oficiales obtenidos por SEMANA, el viaje fue cubierto con recursos nacionales, autorizados directamente por la Presidencia de la JEP. El gasto incluyó tiquetes internacionales, viáticos por varios días, y desplazamientos internos, con una justificación: “asistencia al Consejo de Seguridad de la ONU”.
El problema de fondo es que ninguna norma otorga funciones diplomáticas o de representación internacional a los magistrados de la JEP. Según la Ley 1957 de 2019 y el Acto Legislativo 01 de 2017, su labor es jurisdiccional, no política o diplomática. Sin embargo y aunque en ese tiempo la JEP no había proferido ninguna sentencia ( a la fecha no hay 1 ejecutoriada) y los máximos responsables de las Farc-EP fueron mantenidos en sus curules, sus magistrados siguen asistiendo a foros internacionales en misiones pagadas por el Estado.
¿Lobby o turismo institucional?
Esta no es la primera vez que los viajes de la JEP generan controversia. En 2024, otra polémica estalló cuando varios magistrados, incluyendo los que viajaron a Nueva York, participaron en un “encuentro pedagógico” en Palomino, La Guajira, con alojamientos en hoteles de lujo al frente de la playa, como lo reveló SEMANA. La JEP defendió entonces el evento como actividad académica interna, pero las imágenes y la agenda difundida demostraron un tono recreativo más que jurisdiccional.
Ahora, el viaje a Nueva York reabre el debate: ¿es legítimo que los magistrados de un tribunal de justicia hagan cabildeo internacional con fondos públicos? ¿Y más aún, si el resultado fue el retiro de la verificación de sus propias sanciones?
Derrota silenciosa en la ONU
El golpe no es solo simbólico. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad no menciona las sanciones de la JEP, ni mantiene el mandato de verificación anterior. Esto significa, en la práctica, que por primera vez la comunidad internacional ya no supervisará ni podrá legitimar el componente judicial de la implementación del Acuerdo de Paz.
Una fuente diplomática consultada por SEMANA en Nueva York fue directa:
“La ONU no puede legitimar un modelo de justicia que no sanciona. Después de siete años, la JEP sigue sin condenas y la justicia restaurativa es débil pues no cuenta con presupuesto para financiar los trabajos comunitarios. El Consejo de Seguridad no puede esperar eternamente resultados que no llegan mientras las víctimas reclaman abiertamente su baja participación y sanciones de papel”.
¿Y ahora qué?
Este fracaso no solo debilita a la JEP, sino que golpea directamente la narrativa del Gobierno Petro sobre la Paz Total como modelo internacional. El retiro de verificación por parte de la ONU compromete la legitimidad del sistema de justicia transicional ante el mundo, y deja al país sin el principal respaldo multilateral con el que contaba.
Mientras tanto, los magistrados que viajaron regresan con el resultado contrario al que buscaban, en un episodio que mezcla lobby político, funciones extrajurisdiccionales y recursos públicos en tiempos de austeridad. En lenguaje sencillo, esa platica se perdió pues se perdió la legitimidad internacional de las sanciones restaurativas de la JEP con lo cual las víctimas quedarán sin un observador imparcial e internacional que vigile el cumplimiento real de las sanciones.
