La exconsejera presidencial para las Regiones advirtió que se le han vulnerado de manera constante sus derechos procesales.
El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se reanudará la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
La exfuncionaria, quien se encuentra privada de su libertad desde el 18 de diciembre de 2024 por cuenta del escándalo de corrupción que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD), reclamó que en más de una oportunidad se le ha vulnerado el debido proceso.
Igualmente, cuestionó el proceder de la Fiscalía General en su caso, señalando que se le ha impedido la práctica de pruebas para atacar las acusaciones que se han presentado en su contra en el desarrollo de este caso.
Para Ortiz, existe una gran diferencia entre los hechos que se mencionaron en la imputación de cargos y las situaciones que se consignaron en el escrito de acusación por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.
Estas fueron las cinco revelaciones que hizo la exconsejera presidencial durante su extensa intervención ante la jueza quinta de control de garantías.
Contar toda la verdad
Sandra Ortiz aseveró que en más de una oportunidad ha pedido, por medio de sus abogados, que le permitan recolectar pruebas documentales, testimoniales y técnicas para atacar la tesis de la Fiscalía General en su contra.
Sin embargo, se le han presentado trabas o se les ha suministrado información incompleta que afecta su derecho al debido proceso.
Entre las pruebas solicitadas se encuentran los registros del exsenador Pedro Castro, señalado de ser el prestamista del dinero que fue utilizado para cumplir con los sobornos que tenían como destino final a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
“Me lo niegan, se oponen todos los que están acá. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad, se lo digo a las víctimas, ¡vamos a contarle al país la verdad! Igual la van a saber, tarde o temprano, todo se va a saber”, indicó.
“¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas. Hoy no tengo una sola prueba, señora juez. No la tengo. ¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio que habló mi abogado? Y son más de cien mil archivos, cien mil archivos con más de cien carpetas», añadió.
“He sido frentera”
La exconsejera presidencial para las regiones cuestionó el hecho de que pese a que siempre ha atendido las citaciones de la justicia y manifestado su intención de colaborar sigue privada de su libertad desde hace 500 días.
“Mi actitud frente a la justicia de mi país ha sido frentera, yo soy la única en este proceso, además de que soy la única mujer en esta línea investigativa que he asistido presencialmente a todas las diligencias”, explicó la exfuncionaria.
En toda esta etapa, sus reclamos para tener un acceso a la administración de justicia ha sufrido varias negativas y rechazos, situación que no ha dejado de sorprenderla.
“Dijeron que los niños de La Guajira se morían por mi culpa”
En la audiencia que se llevó a cabo en diciembre de 2024, y la cual se extendió por varias sesiones, la Fiscalía General señaló que Sandra Ortiz había tenido participación en las irregularidades en la celebración en el contrato para llevar agua potable a varias regiones de La Guajira; en el escrito de acusación este hecho se eliminó por completo.
“En la imputación que a mí me hicieron el 18 de diciembre hablaron que yo tenía que ver con el tema de los carrotanques de La Guajira. Me hicieron un show mediático, ustedes no se imaginan cómo fue eso, tan grande y monstruoso, diciendo que los niños de La Guajira se morían por mi culpa, lo dijo la jueza ese día; esa fue una de las causales por las cuales yo estoy privada de mi libertad. Pero, ¡oh, sorpresa!, cuando miramos el escrito de acusación, eso ya no está, La Guajira no existe”, alegó.
Tras pedir una aclaración en la audiencia en la que se presentó la acusación, la fiscal del caso —recordó la exfuncionaria— le explicó que el proceso penal estaba relacionado con las irregularidades en un contrato en el municipio de Repelón, Atlántico.
“Se habla de 12 mil millones, pero es un contrato que no llega ni a los seis mil millones de pesos y es de otro gobierno. La Fiscalía no demostró y admitió que podía ser un contrato falso, perdón, no existente”, reseñó.
“Mala fe”
En otro de los apartes de su intervención, Sandra Ortiz aseveró que para ocultar las falencias en la acusación en su contra, los fiscales del caso han incurrido en mentiras y citaciones erróneas.
“A mí me ha parecido muy mal cómo la Fiscalía a veces utiliza maniobras de mala fe, citando sentencias. Puede que la Fiscalía cite una sentencia de la doctora Patricia Salazar (…) diciendo que se hablaba del tema de segunda instancia y cuando vamos a leer la sentencia, exclusivamente, habla del paro judicial. Además, son tramposos. Eso no se hace. O sea, vámonos con la verdad”, manifestó.
“Déjenme defender en libertad”
Por estas razones, le pidió a la jueza de control de garantías que avale la solicitud presentada por su defensa con el fin de “defenderse en libertad” en este complejo proceso penal.
