Pendientes de cuándo, no si, caen Maduro y sus secuaces. Ese ya de por sí es un gran primer paso.
Francisco Santos
El crimen organizado, del cual el narcotráfico es quizás su mayor instrumento, es la amenaza más grande a la democracia en América Latina. Eso lo sabemos los colombianos desde los 80, México desde la primera década de este siglo y el resto del continente se ha despertado en los últimos diez años. Faltaba Estados Unidos que, por fin, con el presidente Donald Trump, entendió que el crimen organizado es una amenaza de seguridad nacional y como tal debe ser enfrentada.
Desde la primera cumbre contra las drogas en 1990 que se llevó a cabo en Cartagena y a la que asistieron los presidentes Virgilio Barco, George W. Bush, Jaime Paz Zamora, de Bolivia, y Alan García, del Perú, Estados Unidos ha ido poco a poco desarrollado, con vaivenes, una política antidrogas regional. Plan Colombia fue una parte de esta política, que Barack Obama y Juan Manuel Santos desmontaron, y ahora viene un nuevo momento donde se aborda como debe ser, como un riesgo de seguridad nacional.
La decisión de Trump de volver a los carteles organizaciones de crimen transnacional, y también a quienes les ayudan desde el mundo civil y político, amplía la base de acción de Estados Unidos contra estos criminales y sus asesores, y expande la acción extraterritorial en materia judicial, de sanciones e incluso a nivel militar. La diferencia con operaciones como la de la captura y extradición del líder panameño Manuel Antonio Noriega, en enero de 1990, donde se necesitaron tropas norteamericanas en ese país, es que hoy la tecnología tiene muchos otros mecanismos de neutralización de criminales.
Esta nueva política reversa el discurso de la legalización y pone en grave riesgo a quienes pregonan la política de “abrazos y no balazos” con el crimen organizado, como AMLO y Claudia Sheinbaum en México, y Gustavo Petro y sus ministros en Colombia. Esta etapa de acción viene más tarde, pues la primera es acabar con la dictadura mafiosa de Venezuela que tiene sus días contados, ya que como dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi “bajo el liderazgo de Donald Trump, Maduro no va a escapar a la justicia y pagará por sus terribles crímenes”. Estados Unidos hoy considera a Maduro el líder de una organización criminal transnacional y van detrás de él y su círculo cercano. La movilización de barcos de guerra al Caribe esta semana es apenas el comienzo de una operación de estrangulamiento que, sin duda, va a acabar con estos líderes en la cárcel o muertos. Todo va a depender de ellos.
Muchos se escudan en el discurso de la soberanía, pero eso sí, intervienen en los temas de otros países, como lo hizo Gustavo Petro en Perú y en Ecuador, para solo mencionar dos ejemplos. Sin embargo, este discurso no lo va al salvar de todo lo que se le viene encima a este gobierno, y a sus altos funcionarios y sus familias, por su complicidad explícita o implícita, dependiendo de a quien se le pregunte, con el narcotráfico.
Lo primero va a ser una descertificación, merecida por cierto, pues los resultados en estos tres años de gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico son inexistentes. Petro y su gobierno acabaron la erradicación y los cultivos aumentaron en cerca de 70.000 hectáreas. La producción de coca pasó de 1.700 toneladas métricas a entre 2.600 y 3.000. Los narcos, además, salen de la cárcel para asistir a los eventos públicos del Gobierno y ahora se va a debatir una ley que los favorece sin contraprestación alguna. No sé qué congresistas que quieran ellos o sus familias volver a Estados Unidos van a aprobar ese esperpento de ley y si yo soy el ministro Eduardo Montealegre o Armando Benedetti, pues ya me debo conformar con que ni ellos ni sus familias volverán a pisar tierra norteamericana. Para no hablar de lo que se les va a venir en materia de congelamiento de bienes y de cuentas en todas partes del mundo, incluyendo Colombia.
En esta nueva etapa de guerra contra las drogas la tecnología va a ser parte fundamental. Un ejemplo: aspersión aérea contra los cultivos con drones a un costo bajísimo, con control ambiental. Es más, drones que persigan las lanchas rápidas y drones que con inteligencia artificial identifiquen y destruyan laboratorios deben ser parte de una lucha mucho más efectiva y menos costosa contra ese negocio criminal. Ojalá Estados Unidos entienda este nuevo desarrollo tecnológico, lo fomente y lo financie. La lucha contra las drogas debe ser integral y por eso ninguno de los eslabones, desde el cultivo hasta sus cómplices políticos, obviamente pasando por las finanzas y el lavado, debe quedar por fuera.
Eso es lo bueno de esta decisión de Trump. La lucha contra la droga va a trascender a nuestros países, va a ir más allá de perseguir el negocio en sí y se va a concentrar en las personas que facilitan, encubren y, obviamente, se lucran de él. Ya era hora.
Por ahora, pendientes de cuándo, no si caen Maduro y sus secuaces. Ese ya de por sí es un gran primer paso.
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Nota: si quiere saber más sobre las implicaciones de la decisión de Donald Trump entre a este pódcast. https://www.youtube.com/live/CI6mLKMMnAE?si=ZiOICFwAAb1ek4B-
