El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó este jueves la orden a Gustavo Petro para que rectifique las declaraciones emitidas contra el fiscal Mario Burgos, quien llevó a la cárcel a su hijo Nicolás Petro, por su presunta relación con narcotráfico y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El fallo advierte que las afirmaciones del presidente “causaron un daño al buen nombre” del fiscal Burgos. Según los magistrados, Petro no presentó evidencia que sustente sus declaraciones y no verificó los hechos antes de comunicarlos públicamente.
El Tribunal recordó que, como jefe de Estado, el presidente tiene derecho a la libertad de expresión, pero esta debe ejercerse con hechos verificables y respeto a la dignidad de su cargo. En consecuencia, las declaraciones sobre el fiscal, calificándolo de vinculado a la mafia del narcotráfico, carecieron de veracidad e imparcialidad.
En la decisión, resulta importante la conclusión a la que llega el Tribunal de Cundinamarca para que el presidente de la República entienda que su expresión, como primer mandatario de los colombianos, no es equiparable a la de cualquier ciudadano “de a pie”, pues no existe equilibrio entre una y otra. Su cargo como presidente de la República anticipa que sus declaraciones van cargadas de credibilidad.
