Este jueves, la defensa del expresidente Álvaro Uribe presentará nuevas pruebas tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que tuteló sus derechos al debido proceso y a la defensa. El Tribunal determinó que durante la audiencia preparatoria celebrada el pasado 2 de octubre se cometieron irregularidades que afectaron el desarrollo del juicio.
Uribe, junto a su abogado Jaime Granados, acudió al Palacio de Justicia para presentar un documento de 125 páginas con objeciones contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia que la semana anterior ordenó investigarlo por presunta manipulación de testigos en contra del congresista Iván Cepeda.
En su fallo de 54 páginas, el Tribunal concluyó que la jueza a cargo del caso tenía todas las herramientas para evaluar la solicitud del abogado Granados, pero de manera injustificada rechazó admitir las pruebas, al considerarlas una táctica dilatoria. El Tribunal subrayó que esta interpretación no correspondía con la realidad del caso.
“El defensor tuvo derecho a sustentar la nulidad y a que se adoptara una decisión mediante un auto susceptible de recursos, lo cual habría evitado la acción de tutela que ahora está en manos de la sala”, señala el fallo del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz.
El Tribunal también consideró que la defensa de Uribe no había tenido acceso completo a pruebas fundamentales hasta el 2 de octubre, fecha en la que se obtuvieron copias originales de los dispositivos electrónicos incautados al testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. Según la defensa, las pruebas no pudieron ser evaluadas previamente porque no se había recibido acceso directo a la información contenida en dichos dispositivos.
El fallo destaca que el defensor de Uribe no podía presentar pruebas con base en las copias «espejo» entregadas por la Fiscalía, sin antes confirmar que coincidieran con las imágenes forenses originales. Ante esta situación, el Tribunal cuestionó la negativa de la jueza de conceder un plazo adicional para analizar las evidencias, advirtiendo que tal omisión podría resultar en la nulidad del proceso, afectando tanto a la defensa como a las víctimas.
La decisión judicial subraya la importancia de garantizar los derechos de todas las partes involucradas y de evitar incurrir en vicios procesales que podrían invalidar la actuación.
