La reciente decisión del Gobierno de suspender las postulaciones al programa de subsidios de vivienda Mi Casa Ya para 2024 ha generado desconcierto en el sector de la construcción. A través de la Circular 012 emitida el pasado 16 de diciembre por Fonvivienda, se comunicó la medida, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Camacol, el gremio que representa a los constructores.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, calificó la decisión como una de las más perjudiciales del año en términos económicos, destacando el impacto directo que tendrá en miles de familias colombianas. «Esta puede ser la peor noticia económica del año», afirmó, haciendo énfasis en las afectaciones que enfrentarán hogares aspirantes a vivienda, constructores e inversionistas.
Una suspensión sin horizonte claro
El Gobierno no especificó hasta cuándo se extenderá la suspensión, justificándola con la difícil situación fiscal del país y el agotamiento de cupos para la cobertura de tasas de interés del programa. Según las autoridades, la decisión también responde a un contexto económico más favorable, caracterizado por la reducción de la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, para Herrera, estos argumentos no son suficientes y carecen de coherencia con la promesa de reactivación económica que, a su juicio, «nunca se materializó».
Impacto en la economía y la confianza
Herrera señaló que la construcción, junto con la industria y el comercio, ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos años, a pesar de su papel como generador clave de empleo. “En vez de reactivación, hemos enfrentado decisiones que han debilitado programas fundamentales como Mi Casa Ya”, aseguró.
El líder gremial también criticó la falta de una transición adecuada en la implementación de la medida, calificándola de intempestiva. «Esto genera una gran incertidumbre no solo para las familias que esperaban el subsidio, sino también para los inversionistas que confían en el sector», advirtió.
Miles de hogares en riesgo
Según estimaciones de Camacol, cerca de 40.500 hogares de los estratos 1, 2 y 3, con planes de adquirir vivienda en 2024 y 2025, se verán directamente afectados. “Ahora quedarán endeudados y sin un camino claro para lograr su meta de tener un techo propio”, lamentó Herrera.
Además, destacó que los recursos requeridos para garantizar el funcionamiento del programa no son exorbitantes. «Hablamos de 128.000 millones de pesos, una cifra manejable para el presupuesto nacional, pero cuya ausencia genera un impacto devastador», puntualizó. También criticó los bajos niveles de ejecución presupuestaria del Gobierno, argumentando que se podrían haber redirigido recursos para evitar esta crisis.
Aumento en los costos para las familias
Otro golpe para los beneficiarios es el incremento en la cuota mensual de los créditos hipotecarios, que, en el caso de hogares con ingresos de dos salarios mínimos, podría aumentar hasta en un 30% debido a la eliminación de la cobertura en la tasa de interés.
Impacto territorial desigual
El efecto de esta medida será más pronunciado en las regiones donde el empleo y la vivienda de interés social son más necesarios. Ciudades como Barranquilla, Soledad, Bogotá e Ibagué, que cuentan con más de 1.000 unidades en desarrollo, podrían enfrentar un freno significativo en sus proyectos de vivienda de interés prioritario.
Un llamado a la acción
Herrera cerró su intervención con un llamado al Gobierno para buscar alternativas que permitan reactivar el programa y evitar mayores afectaciones en un sector clave para la economía nacional. “Es necesario abrir espacio a estas inversiones y no dejar a miles de familias sin esperanza, especialmente en una época como la Navidad”, concluyó.
Esta decisión, calificada por Camacol como un «golpe devastador», plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para garantizar la continuidad de programas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de los colombianos.
