Once funcionarios y exfuncionarios de Medicina Legal habrían accedido irregularmente a información reservada. La Fiscalía mantiene que fue suicidio, pero nuevas líneas de investigación generan dudas.
Una nueva línea de investigación abrió dudas sobre la versión oficial del suicidio del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrido el 9 de junio de 2023 en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. Aunque en su momento se determinó que el oficial se quitó la vida con un disparo autoinfligido, recientes hallazgos apuntan a posibles manipulaciones en el manejo de las pruebas forenses.
La Fiscalía General de la Nación identificó accesos no autorizados al sistema informático del Instituto Nacional de Medicina Legal por parte de al menos once personas, entre funcionarios activos y exfuncionarios. Uno de ellos, pese a haber salido de la entidad, utilizó credenciales activas para ingresar a información clasificada relacionada con el caso Dávila.
Según un informe publicado por Noticias RCN, las autoridades están evaluando si hubo alteración en la cadena de custodia o manipulación de pruebas. No obstante, en sus declaraciones oficiales, la Fiscalía ha reafirmado que, tras exhaustivos análisis técnicos y forenses, concluyó que la muerte del oficial fue un suicidio.
“Se insiste, que las heridas presentadas en el cuerpo de la víctima denotan claramente lo ya inferido en anteriores oportunidades por estos delegados y, es que, efectivamente, se trata de un suicidio”, señala el informe de la entidad.
El documento agrega que el cadáver presentaba signos consistentes con una herida de entrada por arma de fuego de baja velocidad, específicamente con ahumamiento en el área del cráneo. Las salpicaduras de sangre en la mano derecha y la ausencia de señales de lucha o forcejeo refuerzan esta hipótesis. Además, se determinó que el arma utilizada pertenecía al conductor del coronel, ya que Dávila no tenía dotación personal en ese momento.
Óscar Dávila se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia y estaba vinculado a la investigación por interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de Gabinete del Gobierno.
El peritaje de Medicina Legal fue determinante para el cierre del caso por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el escándalo se reactivó al conocerse que uno de los funcionarios implicados admitió, en entrevista con El Tiempo, haber ingresado al sistema para consultar la información del caso días después de los hechos.
“Entramos al sistema como funcionarios y aclaramos ante el director el porqué. Eso se hizo preliminarmente. Si yo llego a mirar un caso, potencialmente, tengo que entrar y ver de qué se trata”, argumentó el perito forense investigado, quien aseguró que su actuación estaba dentro de las funciones propias del cargo.
Finalmente, aunque no se ha reabierto formalmente el caso, la Fiscalía ha reiterado que se mantiene abierta la investigación sobre el posible uso indebido de la información y cualquier irregularidad en los procedimientos.
