La defensora de derechos humanos Rubiela Benítez fue víctima de un nuevo atentado armado, el segundo en menos de dos años, mientras se desplazaba hacia el sector rural de Picón, en jurisdicción de Yopal. Dos hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba con su equipo de seguridad y abrieron fuego. La rápida reacción del esquema de protección evitó una tragedia: no se reportaron heridos.
La SIJÍN asumió de inmediato la investigación, buscando establecer quiénes estarían detrás de este nuevo intento de silenciar a una de las voces más firmes en la denuncia de la violencia en Casanare.
Visiblemente afectada, Benítez pidió al Estado garantías reales para poder seguir ejerciendo su labor:
“Estoy viva de milagro, pero no puedo seguir trabajando con una bala en la espalda. Defender los derechos humanos no puede costarnos la vida”.
El ataque revive el temor por su seguridad, ya que el 12 de noviembre de 2022 también fue blanco de un atentado frente a su casa en el barrio Casiquiare, poco después de denunciar el crecimiento de grupos paramilitares en un foro departamental. Desde entonces, Benítez ha sido blanco de amenazas por su insistente llamado a que se activen alertas tempranas en la región.
Organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos rechazaron enérgicamente el ataque y exigieron medidas inmediatas de protección para Rubiela y demás líderes amenazados en el departamento.
“El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado. El paramilitarismo está activo y persigue a quienes lo denuncian”, alertaron colectivos ciudadanos.
Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia el riesgo latente que enfrentan quienes alzan la voz en regiones donde el poder armado impone su ley en silencio.
