El Senado aprueba en sexto debate la reforma al Sistema General de Participaciones en medio de controversias por posible impacto económico
El Senado de la República aprobó en sexto debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa respaldada por el Gobierno nacional que busca aumentar las transferencias económicas a las regiones y avanzar en el proceso de descentralización del país. Aún restan dos debates para la aprobación definitiva de este proyecto de acto legislativo, que ha suscitado críticas por sus posibles riesgos económicos.
El proyecto propone modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991 para incrementar las transferencias a los territorios, asignando un 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Este aumento sería gradual, comenzando en 2027 y extendiéndose por un período de 12 años.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó la relevancia de esta iniciativa para la descentralización y la autonomía territorial. “Más allá de este Gobierno, va a significar un gran debate nacional sobre el tamaño del Estado nacional y el tamaño del Estado en los territorios,” señaló. Cristo agregó que el Estado central es “obeso” mientras que los territorios, afectados por problemas de violencia, pobreza y exclusión, enfrentan condiciones de “raquitismo estatal”.
Pese a la abrumadora aprobación en el Senado, la reforma ha generado inquietudes por sus potenciales implicaciones económicas. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, planteó reducir el porcentaje de transferencias al 37 % para mitigar riesgos, pero su propuesta fue rechazada. Lozano advirtió que sin ajustes, esta reforma podría convertirse en un «cheque chimbo», dado que se encuentra sujeta a la aprobación de una ley adicional y enfrenta el reto de asegurar fondos sostenibles a largo plazo.
Centros de pensamiento como el Anif han cuestionado el incremento en el porcentaje de transferencias propuesto, señalando posibles efectos negativos en el ámbito económico. “Una mala calibración en la descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, afectando no solo al Gobierno y las entidades territoriales, sino también al sector privado, con repercusiones en el crecimiento, la inversión y el empleo,” advirtió el centro de estudios.
Además, Anif ha subrayado que un debate responsable sobre la descentralización debería considerar el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y la reforma de los impuestos territoriales, elementos que complementan la discusión sobre transferencias y competencias.
La iniciativa ahora deberá enfrentar los debates restantes en la Cámara de Representantes, donde continuará el análisis de los desafíos y beneficios que conlleva esta reforma estructural.
