Colombia se estremece nuevamente por la violencia. Este viernes, fueron hallados los cuerpos sin vida de nueve hombres en el municipio de Montelíbano, Córdoba, provenientes de Minguillo, una zona rural de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. Según fuentes oficiales, el múltiple homicidio estaría relacionado con enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, quienes luchan por el control de una región estratégica que conecta al sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar.
Los cadáveres fueron trasladados al hospital de Montelíbano, donde las autoridades realizan los procedimientos forenses para su identificación. Cinco de los cuerpos estaban envueltos en sábanas y plásticos, mientras que los otros cuatro vestían prendas similares a las de uso exclusivo de la fuerza pública, lo que ha suscitado dudas sobre su identidad y posible vinculación con actividades ilegales.
Cinco masacres en lo que va del año
Esta es la quinta masacre registrada en Colombia en 2025. Apenas en la madrugada de este viernes, se confirmó el asesinato de tres hombres en Puerto Tejada, Cauca. Las víctimas, identificadas como Miguel Andrés Nieva Sarria, Andrés Felipe Melo González y Carlos Andrés Mina Ramos, fueron halladas con heridas de bala en un cañaduzal en la vía hacia Candelaria, Valle del Cauca.
Indepaz y la Defensoría del Pueblo han emitido repetidas alertas sobre el deterioro de la seguridad en estas regiones. En el norte del Cauca, el contexto es de constante violencia, marcada por homicidios, amenazas y extorsiones a manos de grupos armados ilegales.
Catatumbo: otra región en crisis
Mientras tanto, la región del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue sumida en una guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc agrupadas en el Frente 33. Hasta ahora, el conflicto ha dejado más de 30 muertos, desplazamientos masivos y municipios como Tibú paralizados por la violencia.
“Lo que ocurre en el Catatumbo es de extrema gravedad. Emitimos una alerta en noviembre y ahora debemos reportar su consumación”, señaló Iris Marín, defensora del Pueblo. Según Marín, entre las víctimas de este enfrentamiento hay al menos cinco firmantes del Acuerdo de Paz. También se reportan diez heridos, líderes sociales asesinados o desplazados, y una crisis humanitaria que afecta especialmente a niños y personas con discapacidades que no han podido huir de la zona.
Profesores y comunidades enteras permanecen confinados, esperando una intervención estatal que les devuelva la tranquilidad. En este contexto, el Gobierno enfrenta crecientes desafíos para garantizar la seguridad y frenar la expansión de los grupos armados ilegales en los territorios históricamente golpeados por el conflicto.
