La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por su presunta participación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia judicial está programada para el próximo viernes 29 de noviembre, a las 12:00 p.m., en los juzgados de Paloquemao, Bogotá.
La Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra Ortiz, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos. Según el Código Penal colombiano, de ser hallada culpable, podría recibir una pena de entre 10 y 20 años de prisión.
Señalamientos directos
Ortiz fue señalada por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la misma entidad, Sneyder Pinilla, de actuar como intermediaria en la entrega de sobornos al senador Iván Name, quien en 2023 presidía el Senado. Pinilla declaró que Ortiz era la encargada de transportar dinero en efectivo al esquema de seguridad del senador, según acuerdos establecidos en reuniones secretas.
En una entrevista con Semana en mayo pasado, Pinilla afirmó que en una reunión en el Hotel Tequendama, en Bogotá, se planificó el desvío de recursos de un contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira. Según su testimonio, el senador Name habría recibido 3.000 millones de pesos a través de Ortiz.
“Yo entregué el dinero en un sótano, donde me esperaba el esquema de seguridad. Nunca tuve contacto directo con el senador, pero sé que Ortiz era la encargada de informar que todo estaba listo”, relató Pinilla.
La defensa de los implicados
Por su parte, el abogado Jaime Lombana, representante del senador Iván Name, aseguró que análisis técnicos realizados a los celulares de Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz demuestran que ambos nunca estuvieron en el mismo lugar durante las fechas mencionadas.
Además, Ortiz ha reiterado su inocencia en múltiples ocasiones, negándose a aceptar un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía. En agosto, afirmó en entrevista con Semana que las acusaciones han destruido su carrera profesional y que teme por su vida y la de sus hijas.
“Mi vida y la de mis hijas están en peligro. Estas acusaciones me han llevado al límite”, declaró, visiblemente afectada. La situación llevó a la suspensión de un interrogatorio programado en ese entonces.
Finalmente, Ortiz aseguró contar con pruebas para demostrar que nunca participó en reuniones donde se pactaran actos ilícitos y se declaró víctima de un proceso injusto.
Próximos pasos en el caso
Con la audiencia de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento en curso, este caso sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la UNGRD. Todas las miradas estarán puestas en los resultados de la diligencia programada para el 29 de noviembre, que podría marcar un punto decisivo en esta investigación.
